La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación de las diligencias abiertas por las comisiones del AVE a La Meca, que se habría llevado, entre otros, el rey emérito Juan Carlos.
La investigación comenzó en 2018 tras la petición de Anticorrupción de aclarar el destino de 80 millones de euros procedentes de la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas. Según la empresaria Corinna Larsen, el Rey Juan Carlos I habría sido uno de los beneficiarios de este dinero.
La Fiscalía General del Estado ha explicado que esta investigación se centra en delimitar o descartar al relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad a junio de 2014. En aquel momento, con su abdicación, el rey emérito dejó de estar protegido por el principio de inviolabilidad que recoge el artículo 56.3 de la Constitución española. Juan Carlos de Borbón sigue aforado ante la Sala Segunda del Alto Tribunal. «Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo», ha explicado la Fiscalía General.
Hasta el momento, las diligencias de investigación estaban en manos de Fiscalía Anticorrupción. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha designado a Juan Ignacio Campos para dirigir esta investigación. Al fiscal de Sala de Delitos Económicos le ayudarán otros tres fiscales del Supremo.
La Justicia española permanece a la espera de que Suiza entregue a las autoridades judiciales españolas la Comisión Rogatoria con todos los datos que puedan afectar al Rey Juan Carlos I. Las finanzas del monarca llevan años bajo sospechas. El pasado mes de marzo medios de comunicación suizos y británicos publicaron diversas informaciones al respecto que llevaron a Felipe VI a renunciar a la herencia de su padre pocos días después de decretarse el estado de alarma por la crisis del Covid-19.
