El portavoz de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, ha lamentado que este recorte del 10% tendrá efectos muy significativos en todos los colectivos universitarios”.
El portavoz de Hacienda en el Parlamento andaluz, Antonio Ramírez Arellano, ha criticado este domingo el recorte de 135 millones de euros que la Junta de Andalucía va a aplicar a la financiación básica de las universidades andaluzas. “Esto va a tener efectos muy significativos sobre los distintos colectivos universitarios, para los alumnos, sus familias, los profesores, para todas las instituciones universitarias en su conjunto” ha lamentado Arellano.
Según el portavoz socialista, el ámbito universitario en lugar de encontrar respuestas a sus preguntas en estos momentos tan delicados y llenos de incertidumbres, “encuentran recortes en este importante servicio público”. Arellano ha lamentado que el gobierno andaluz no responde a cuestiones como “el modo en el que se llevará a cabo la docencia en los próximos meses, cómo serán los exámenes de septiembre, cuál será la oferta de plazas, el precio de la matrículas o si se mantendrá la bonificación de las mismas” ha destacado Arellano. “Estamos hablando de cuestiones que afectan directamente a casi 300.000 andaluces y andaluzas”.
Arellano ha criticado que la Junta de Andalucía “en vez de ayudar a este sector, les comunica a los rectores este recorte de un 10% de su financiación básica, que afecta directamente al pago de salarios o bonificación de matrículas y que aboca a las universidades a una difícil situación económica que conducirá a un déficit”. “Es difícil entender este recorte cuando nadie lo ha pedido, ni el gobierno de España ni Europa” ha destacado el portavoz socialista.
Según ha explicado Arellano, “lo que la Junta plantea es hacer un recorte y que lo cubran las propias universidades con sus ahorros y las sitúa en una situación de asfixia”. “El gobierno andaluz salda la deuda con las universidades, que los rectores no han pedido, y luego recuperan ese dinero que sólo pueden invertir en infraestructuras” ha explicado. “Habría sido más sencillo aplazar el pago de la deuda al año 2021 y dejar este año como está” ha afirmado.
Preguntado por TimeJust sobre el protocolo de uso y disfrute de las playas este verano, Arellano ha vuelto a pedir al Gobierno de Moreno Bonilla que establezca un plan de desescalada que «sea analizado y conocido en profundidad por las instituciones, que son las responsables de implementar estas medidas«. Preguntado por TimeJust sobre una nueva prórroga del estado de alarma, el portavoz ha asegurado que «si a partir de una determinada fecha, no existe el estado de alarma, los gobiernos autonómicos tendrán que tomar cartas en el asunto».
