El Gobierno de España ha dado a conocer una actualización de sus previsiones de crecimiento económico para los años 2023 y 2024, destacando cambios significativos en su evaluación de la situación económica del país.
Para el año 2023, el Gobierno ha revisado al alza sus expectativas de crecimiento, proyectando ahora un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2.4%. Esto marca un aumento significativo en comparación con la proyección anterior de 2.1%, que se había utilizado como base para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) actuales. Este ajuste refleja una visión más optimista en línea con la mayoría de los analistas y la evolución económica que se ha observado hasta el momento en el año.
Sin embargo, la situación cambia para el año 2024. El Gobierno ha revisado a la baja sus expectativas de crecimiento económico para ese año, proyectando un aumento del PIB del 2%, en contraste con el 2.4% que se había pronosticado en el Programa de Estabilidad de abril pasado. Esto se atribuye a factores como los «conflictos geopolíticos» y el aumento de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), que se han convertido en riesgos significativos para la economía española.
El Gobierno identifica las «tensiones geopolíticas y los conflictos» como el factor de riesgo más importante para la economía, debido a su potencial impacto en los mercados de energía y la actividad económica en Europa y a nivel mundial. Esto se debe en parte al estallido de la guerra en Gaza y la guerra en Ucrania.
En cuanto al empleo, el Gobierno confía en la creación de 700,000 puestos de trabajo a tiempo completo entre 2023 y 2024, lo que podría llevar la tasa de desempleo por debajo del 11% el próximo año. Además, se espera que los salarios sigan ganando poder adquisitivo, superando el aumento de los precios al consumo.
Un aspecto que aún se mantiene en duda es el apoyo en el sector energético. Dado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aún no han comenzado a tramitarse, el Gobierno no ha incluido nuevas medidas de gasto o ingresos en su escenario presupuestario, excepto por aquellas ya previstas, como la revalorización de las pensiones según el IPC y el aumento de los salarios públicos.
A pesar de que podría parecer que las medidas de apoyo que expiran el 31 de diciembre serían abandonadas, el Gobierno se reserva la posibilidad de extender algunas de ellas o incluso introducir nuevas. El Ministerio de Asuntos Económicos ha señalado que el escenario fiscal actual no impide que se tomen medidas adicionales si se consideran necesarias para mitigar el impacto de la inflación, tras una evaluación de la situación a finales de año.
