La ministra de Educación, Isabel Celáa, ha dado un mes al Gobierno de Murcia para retirar el pin parental y «restaurar la legalidad». Si transcurrido ese plazo no se ha quitado esta medida, el Ejecutivo recurrirá esta medida ante la Justicia.
La ministra ha comparecido ante los medios en Llodio (Álava) para presentar el saneamiento del Alto Nervión. Durante la rueda de prensa ha hablado de la nueva medida del Ejecutivo de Murcia, propuesta por Vox, para permitir a los padres decidir si sus hijos acuden o no a las charlas que se impartan en los centros educativos.
Celáa ha recordado durante sus declaraciones que es precisamente la anterior ley educativa, la «Ley Wert», la que limitó la capacidad de decisión de los padres en los consejos escolares. Ha criticado al PP, quien impulsó esta ley, por ahora apoyar esta medida y ha reprochado a Pablo Casado que no sepa «cómo funciona el sistema educativo español».
Celáa no ha sido la única en pronunciarse sobre este asunto. A lo largo de esta mañana, varios miembros del nuevo Ejecutivo se han mostrado en contra de esta medida y han lanzado avisos al gobierno murciano para que retire el pin parental.
La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha declarado que si el Gobierno de Murcia no retira el pin parental se podrían plantear otros escenarios de actuación como la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Poco después, Rosell ha matizado estas palabras diciendo que se trataba únicamente de una comparación.
Bueno, es que NO fue así. Fue una comparación pretendiendo que se oyera como el absurdo al que estamos llegando con el veto parental. Que quienes piden que otras CCAA cumplan sus obligaciones y hacen bandera de ello, incumplen las suyas en materia educativa y con menores. No news https://t.co/fa7Wr8TC6Z
— Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) January 20, 2020
El pasado viernes ya envió el Gobierno central un requerimiento al de Murcia en el que le instaba a retirar la medida que, para el Ejecutivo de Sánchez, es «una censura previa, que va incluso contra la libertad de cátedra». Sin embargo, en Moncloa todavía no han recibido respuesta y Celáa considera que el plazo razonable para que rectifiquen esta decisión antes de que la recurra el Gobierno es de un mes.
