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Murcia

Vox impone el pin parental con el apoyo de PP y Ciudadanos

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Vox consigue que PP y Ciudadanos implementen el pin parental para dar su apoyo a los presupuestos de Murcia. La medida permitirá que los padres prohiban, si es su deseo, determinadas charlas a sus hijos en los centros educativos, como las charlas del colectivo LGTBI.

La coalición de Partido Popular y Ciudadanos que rige los gobiernos autonómicos de Madrid y Murcia se enfrenta al primero de los obstáculos que deberá sortear si quieren mantener las varas de mando en sendas regiones.  Vox, socio indispensable de ambos ejecutivos en ambos parlamentos autonómicos, ha anunciado su rechazo a los presupuestos regionales en caso de que los otros dos partidos se nieguen a la implantación del llamado “pin parental en las aulas públicas.

A través de su cuenta de Twitter, la Federación Estatal del colectivo LGTB ha mostrado su negativa frente a este planteamiento y ha querido resaltar la preocupación existente sobre un asunto en el que, aseguran, solicitar el consentimientos a las familias para que elijan la educación que reciben o no lxs menores contraviene los intereses del menor” ya que lo que hace es “privarles de su derecho a conocer la realidad y seguir desprotegiendo a la infancia” al tiempo que califica el hecho de “atentado contra los derechos de lxs menores”.

Tras el nuevo condicionamiento de Vox para apoyar estos presupuestos, el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Murcia, Joaquín Segado, ha firmado que la intención de su formación es “que los padres tengan información para decidir si sus hijos asisten o no a las charlas”.

Desde la oposición, Izquierda Unida ha hecho un llamamiento a no transigir con las exigencias ideológicas de la extrema derecha a las que el Gobierno regional está dispuesto a claudicar”.

Por su parte, la hasta ahora ministra portavoz y titular de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá anunció ayer que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa “dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado”.

Cualquier norma que recogiera esta censura previa, este veto, vulneraría los derechos de los alumnos a recibir una educación integral, para el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, indicó la ministra.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, expresó que una educación inclusiva y de valores “no es un derecho de los padres, es un derecho de los niños que está asegurado en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU”.

¿Qué es el pin parental?

Acorde a los documentos publicados por la formación de ultraderecha, la norma es “una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos” para, dicen, informar a los padres sobre “materias, charlas, talleres o actividades que afecten a las cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de los menores”.

Una teoría sobre el papel que en la práctica se traduce en la limitación de los alumnos a asistir a proyectos entre los que se encuentran charlas sobre LGTBI, igualdad o acoso escolar.

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