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El Tribunal de Justicia Balear inicia una querella contra el juez Florit

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El tribunal de justicia Balear presionado por las decisiones del juez Florit

El Tribunal Superior de Justicia Balear (TSJIB) ha dictado un auto por el cual acepta la iniciativa propuesta por los medios EuropaPress y el Diario de Mallorca para comenzar una querella contra Miguel Florit, el juez instructor en el caso Cursach, por su presunta prevaricación al confiscar a dos periodistas de estos medios sus respectivos teléfonos y ordenadores privados

Según ha informado el órgano judicial se ha designado como instructora de la causa a Felisa Vidal, que llevará a cabo la investigación sobre los supuestos delitos de prevaricación, inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho. Esta decisión ha sido muy castigada por políticos, juristas y periodistas que la consideran como un atentado contra el secreto profesional y los derechos de los comunicadores.

Este lunes el TSJIB solicitó al juzgado de instrucción numero 12 de Palma el auto secreto por el cual se ordenó la incautación de los móviles y ordenadores de los periodistas. Este mismo documento fue reclamado por los jueces de la sala Civil y Penal para considerar la querella propuesta por los periodistas que condenaría a Florit.

La decisión del Juez de requisar los teléfonos de los periodistas Blanca Pou (EuropaPress), y Kike Mestre ( El diario de Mallorca) fue bastante castigada hasta el punto de que varios periodistas se unieran para a través de un manifiesto, firmado por 1.500 periodistas, e impulsados por la asociación de periodistas de baleares en defensa del derecho de la información. Todo esto fue entregado al fiscal general del estado, María José Segarra. También cabe destacar que la decisión tomada por Miguel Florit contó con el beneplácito de el Tribunal Anticorrupción de Baleares.

Todo esto comenzaría el pasado mes de julio cuando Florit, a raíz de una filtración proporcionada por el equipo de blanqueo de la policía nacional, abrió una pieza separada del caso Cursach donde se todo apuntaba a que se había llevado a cabo un fraude fiscal de mas de 65 millones de euros, y 18 personas implicadas en el delito. Las defensas del empresario y su segundo de abordo, Bartolomé Sbert, tomaron la iniciativa de denunciar como improcedentes esas pruebas ya que documentación secreta. El juez ordeno la incoación de las pruebas ya que no les habían sido notificadas. Escudándose así tras un delito de revelación de datos.

Precisamente este lunes salio a la luz el escrito de acusación de la fiscalía anticorrupción en una de las principales piezas del caso.

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