La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha tomado una decisión trascendental este miércoles al aceptar investigar las muertes que ocurrieron en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante el punto álgido de la pandemia de COVID-19 en 2020. Esta iniciativa surgió a raíz de una petición ciudadana presentada por la plataforma Marea de Residencias.
El debate en torno a esta propuesta se caracterizó por la oposición del Partido Popular Europeo y los Conservadores, en los que se incluye Vox, quienes se manifestaron en contra de mantener abierta la petición. Cuando Dolors Montserrat, presidenta de la comisión de Peticiones, estaba a punto de cerrar el caso debido a la mayoría que tenían estas dos formaciones frente a los socialistas, verdes e izquierda, la portavoz del grupo liberal, al cual pertenece Ciudadanos, intervino después de su ausencia durante la sesión, inclinando la balanza a favor de la investigación.
El caso de las más de 7,000 muertes de personas mayores en residencias de Madrid durante la pandemia llegó al Parlamento Europeo gracias a la iniciativa de la plataforma Marea de Residencias. Sus representantes denunciaron la «masacre» que se vivió en las residencias de la Comunidad, atribuyéndola a la «situación de precariedad» que existía en estas instalaciones y al «sistema caduco y perverso» que se hizo evidente durante la crisis sanitaria.
Desde el Partido Socialista (PSOE), Cristina Maestre achacó el alto número de fallecimientos en residencias al protocolo implementado por la Comunidad de Madrid, el cual estableció criterios de exclusión para derivar a hospitales a las personas mayores que residían en estos centros. Maestre criticó esta decisión y la calificó de «muy seria», recordando que en España se abrieron numerosas causas judiciales relacionadas con este episodio.
Miguel Urbán, miembro de Anticapitalistas, destacó la «actuación criminal» de la Comunidad de Madrid y afirmó que las deficiencias en las residencias no se habían corregido, lo que hacía que la situación actual fuera más precaria que durante la pandemia. Urge a dejar de darle prioridad al capital privado en detrimento de lo público y a prohibir prácticas como el cribado médico.
Sira Rego, representante de Izquierda Unida (IU), señaló que estas muertes en residencias fueron uno de los episodios «más siniestros y tristes» de la pandemia, atribuyendo la responsabilidad directa a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Rego acusó al Partido Popular (PP) de mantener una «política de silencio» y consideró «insoportable» que los líderes detrás de la decisión de «dejar morir a personas» no hayan asumido responsabilidades.
Frente a las críticas de los partidos españoles, el PP defendió las políticas implementadas por Ayuso durante la pandemia, argumentando que la Comunidad de Madrid actuó de manera «responsable y ágil» ante la emergencia sanitaria a nivel mundial.
El eurodiputado Pablo Arias tildó de «ruin» cuestionar la gestión de Madrid, destacando que la región fue la primera en tomar medidas para proteger a las personas mayores, a pesar de que el Gobierno central no tomó medidas hasta el 14 de marzo y permitió la concentración del 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer a pesar de las alertas por los primeros contagios.
Por su parte, Jorge Buxadé, miembro de Vox, insistió en que durante el estado de alarma, el Gobierno central tenía la responsabilidad de la Sanidad, por lo que consideró que las decisiones sobre centros de mayores y de salud correspondían a Salvador Illa. En su opinión, la petición «carece de sentido jurídico» y la rechazó.
