La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diseñó la «Operación Bicho» para hacer frente a la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia.
Al frente de esta gestión, la presidenta nombró a Encarnación Burgueño, hija de Antonio Burgueño, quien estuvo al frente de la privatización de la sanidad madrileña. Este nombramiento se realizó pese a que Ayuso era consciente del desconocimiento de Burgueño en materia de gestión de residencias, cuando relegó del cargo a Alberto Reyero, de Ciudadanos. Burgueño fue la encargada de bautizar como «Operación Bicho» al plan de choque para las residencias de ancianos contra el Covid-19.
El objetivo principal de esta operación era sustituir los traslados de pacientes mayores a hospitales por una asistencia médica en las propias residencias donde vivían. En total, la «Operación Bicho» duró 12 días, desde el 26 de marzo hasta el 6 de abril, cuando salió a la luz que la encargada de la gestión era hija de Antonio Burgueño. Durante este intento de medicalización de Burgueño y Ayuso, en las residencias de mayores madrileñas murieron 3.000 internos.
La «Operación Bicho»
Burgueño gestionó la medicalización de las residencias sin acudir a ninguno de estos centros. A través de un correo electrónico, la encargada ofreció un contrato “para la gestión integral de la crisis del Covid-19 en los centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid” al gerente de la empresa privada de ambulancias Transamed. En total, cuatro vehículos de esta compañía visitarían en cerca de dos semanas 200 residencias de las 475 de la Comunidad de Madrid. También visitó algunas residencias durante ese periodo la empresa sevillana privada de ambulancias SAMU. Sin embargo, su objetivo no era medicalizar, sino clasificar las residencias en función de los síntomas de los residentes y dar pautas de desinfección y prevención de contagios a los trabajadores.
Según declaraciones del gerente de Transamed, Eduardo Aragonés, «las residencias nos decían que llamaban pidiendo ayuda pero no aparecía nadie». Sus trabajadores fueron durante 12 días fueron la única asistencia médica exterior que recibieron los ancianos de estas residencias. A pesar de que los ancianos comenzaban a ser rechazados en los hospitales, Aragonés indica que hasta el día 26 de marzo no comenzó medicalización de las residencias porque la consejería no mandaba la la aprobación. La Comunidad de Madrid pretendía “hacer realidad la hospitalización domiciliaria” en las residencias de ancianos, para evitar el traslado de pacientes a hospitales.
“La Consejería de Sanidad se situará como mando único para llevar a cabo las actuaciones sanitarias en estos centros”, anunció Ayuso, aunque ocultó que en este plan participarían las empresas privadas Cardio Líder, dirigida por Encarnación Burgueño, y Transamed.
Aragonés ha asegurado que el panorama que se encontró al llegar a las residencias fue desolador. Un residente le llegó a decir “me voy a morir, ¿verdad?”. Las primeras que visitaron fueron aquellas que un alto cargo de la Consejería de Sanidad, el director de Coordinación Sociosanitaria, Mur de Víu, consideró que estaban en situación crítica: Amavir en Colmenar Viejo, las Hermanitas de los Pobres, San Celedonio y Fundación Reina Sofía.
Aragonés ha declarado que solo cuando un paciente necesitaba atención inmediata intervenían. El resto del tiempo, hacían labores de auditoría porque según Burgueño, lo importante era «mapear» la situación general para decidir qué residencias medicalizar. “Era como mandar a un incendio forestal, una sola bomba de bomberos. ¿Qué haces cuando se acaba el agua?”, asegura Burgueño.
El gerente de Transamed denuncia que en primera instancia no se le dieron todos los datos y que Burgueño no estaba siempre disponible ya que se echaba la siesta todas las tardes y en más de una ocasión se quedaba dormida. En cambio, Burgueño felicitó a Aragonés a través de un audio: “Llevamos en torno a 8.700 abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿el curro que habéis hecho? En una semana… Flipo colorines. Como sigamos así nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid comunidad autónoma. ¿Vale? flipo. Sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga, que es trabajar en el mundo sociosanitario. Tener mi propia empresa”.
No han cobrado
Sin embargo, después de que saliera a la luz la información sobre la familia de Burgueño y que dejara la gestión, dejó de responder a los mensajes en que Aragonés le reclamaba el pago de los servicios. En total, le remitió una factura de 16.450 euros que solo incluía las horas de trabajo de sus empleados. Sin embargo, en Transamed se dieron cuenta de que no iban a cobrar cuando Ayuso destituyó a Mur de Víu.
«Todo el trabajo que hemos hecho es como si no hubiera existido. Nos hemos dejado la piel, 12 horas diarias pegándonos cara a cara con el covid para que nadie lo valore y solo se prejuzgue lo mal que se ha actuado en las residencias. Pero nadie ha visto esto”, ha declarado Aragonés a el diario El País, quien asegura que todas estas declaraciones no las hace por el dinero, sino para conseguir justicia para las familias de los residentes fallecidos y los trabajadores de las residencias. “En teoría estábamos voluntariamente”, le dijo Burgueño a Aragonés, que por culpa del impago de la Comunidad de Madrid ha entrado en concurso de acreedores.
