Mañana en la Mesa del Congreso se decidirá el futuro de los políticos presos que han recogido su escaño y han estado en el Congreso de los Diputados.
La Fiscalía ha pedido la suspensión inmediata de estos políticos mientras que la nueva presidenta del Congreso ha planteado algunas dudas al Tribunal Supremo. Meritxell Batet, presidenta del Congreso, ha enviado un escrito al Tribunal Supremo en el que solicita un informe sobre la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el caso del 1-O.
Según Batet,»la función jurisdiccional pertenece en exclusiva al poder judicial, no a la presidencia de la Cámara, razón ésta por la que, debe ser el Supremo quien determine y aclare las consecuencias de la aplicación de la ley a los cuatro diputados presos».
A parte de la presidenta del Congreso, la Fiscalía también se ha dirigido al Tribunal Supremo para incidir en que no hay duda alguno sobre lo que hay que hacer: «los presos electos deben ser suspendidos de forma «inmediata» y el tribunal del 1-O así debe comunicárselo a las Cámaras». El escrito del Ministerio hace referencia a «la obligada adopción por imperativo legal de la medida de suspensión de funciones en el cargo público».
Por otro lado el tribunal del 1-O dirigido por Manuel Marchan aclara que: «El Ministerio Fiscal interesa de la Excma. Sala que se comunique a la Mesa del Congreso de los Diputados y a la Mesa del Senado que deben proceder a la aplicación inmediata del artículo 384 bis de la Lecrim a los efectos de la suspensión de los mismos en el ejercicio de sus derechos y deberes como diputados y senador respectivamente, debiendo de proceder aquellas Mesas a adoptar las medidas precisas para dar plena efectividad a la previsión legal».
Todo este embrollo se solucionará mañana en una reunió de las Mesas del Congreso a las 12.30.
