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La Fiscalía solicita archivar la causa por el 8M contra José Manuel Franco

Jose Manuel Franco
José Manuel Franco, Delegado de Gobierno en Madrid (Fuente: EFE)

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido que se archive la causa por la manifestación del 8M y que se deje de investigar al Delegado de Gobierno en Madrid.

Este lunes, la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado a Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51, que archive la causa contra José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madridpor haber permitido la celebración de actos multitudinarios como la manifestación feminista el pasado 8 de marzo.

El Ministerio Público ha defendido que el Delegado no tenía competencias sanitarias para prohibir las manifestaciones. Además, ha recordado que la declaración del coronavirus como pandemia por parte de la OMS tuvo lugar el 11 de marzo, por lo que Franco no podía conocer la gravedad del virus.

Denuncia por prevaricación

La causa que la Fiscalía solicita archivar se presentó en forma de denuncia por un abogado hacia varias personas además de Franco, en la que se hablaba de un delito de prevaricación administrativa por permitir conglomeraciones multitudinarias. Estas grandes protestas y manifestaciones del 7 y 8 de marzo se celebraron cuando ya estaba publicado un informe del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades en el que se pedía a los miembros de la Unión Europea plantearse la cancelación de estas concentraciones masivas.

Recomendaciones sanitarias

Si bien ya existían recomendaciones por parte de las organizaciones de salud e informes sobre la pandemia que el Gobierno conocía, la Fiscalía ha justificado que «llama la atención sobre su carácter no vinculante, dado que son recomendaciones».

Plazos procesales pausados

Esta petición por parte de la Fiscalía llega la segunda semana de junio al haberse suspendido los plazos procesales por el decreto del estado de alarma. Por lo tanto, estos procesos quedaron pausados hasta el 4 de junio.

La Fiscalía, así como la Abogacía del Estado, ha insistido en que el estar suspendidos los plazos para recurrir pero no la práctica de diligencias podría haber generado una situación de indefensión en el Delegado, al no haber manera de que los recursos se tramitaran con normalidad.

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