La familia Franco y la Fundación Francisco Franco siguen negándose a la exhumación de los restos del dictador.
El pasado 15 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto que permitía la ejecución de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco con la condición de que la familia Franco accediera a elegir una localización distinta a la cripta de la Catedral de la Almudena, ubicación incorrecta para enterrar los restos del mismo debido a su interés turístico y su situación céntrica según el Gobierno.
Sin embargo, tanto la familia Franco como la Fundación, se han opuesto a la reubicación de la sepultura de los restos del dictador en un lugar distinto a la cripta de La Almudena. Ante la negativa, el Ejecutivo aprobó posteriormente, el 15 de marzo, otro acuerdo por el que decidía enterrar los restos de Franco en el Cementerio de Mingorrubio a partir del 10 de junio de este mismo año.
En cuanto a los procedimientos que deberá llevar a cabo el Ejecutivo para proceder a la exhumación, recurrirá a dos permisos: en primer lugar, tratará de obtener el permiso eclesiástico, acudiendo al prior de la abadía benedictina que custodia la Basílica del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, el cual, hasta ahora, se ha negado añadiendo que la exhumación del mismo sería una «venganza del pasado». En segundo lugar, solicitará una autorización judicial. Solo con alguno de estos dos permisos se podrá llevar a cabo la exhumación.
Tanto la familia Franco como la Fundación han presentado ampliaciones a sus recursos ante el Tribunal Supremo contra la ejecución de la exhumación del dictador, con el objetivo de que la suspensión del desenterramiento que solicitaba se extienda al acuerdo posterior del Consejo de Ministros, que fijó el día 10 de junio para la exhumación de los restos del mismo.
