El International Airlines Group (IAG), formado por British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level, ha llegado a un acuerdo con Globalia para adquirir Air Europa a través de su filial Iberia.
Globalia ha vendido Air Europa por 1.000 millones de euros. La compra por parte de IAG se ha hecho oficial esta mañana, aunque se espera que el cierre de la operación se ejecute a mitad de 2020, una vez que IAG obtenga las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes.
De momento, la marca Air Europa se conservará y seguirá siendo una fuente de ingresos autónoma dentro de Iberia. La combinación de Iberia y Air Europa dará lugar a una compañía con 210 aviones y más de 35 millones de pasajeros al año. Esta compra supone un gran paso en la estrategia de Iberia de convertir el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un centro de conexión que compita con aeropuertos como los de Amsterdam, Fráncfort, Londres y París. La idea de la compañía es que el aeropuerto madrileño atraiga más tráfico «para que pueda competir mejor y con mejores herramientas con los principales de Europa».
Más destinos
IAG también tiene como objetivo liderar las rutas entre Europa y América, algo que cada vez es más probable que suceda, ya que Air Europa le aportará 24 rutas transatlánticas. Una vez que se complete la operación, las compañías de IAG poseerán el 72% del tráfico de vuelos españoles, lo que supondrá un claro dominio en el mercado nacional. Este alto porcentaje tendrá que ser aprobado por las autoridades de competencia, puesto que, cuando ambas compañías se unan, pasarán a controlar de forma exclusiva algunas de las rutas.
Se espera que las ganancias de IAG aumenten un año después del cierre de la compra y que la rentabilidad sobre el capital invertido se consiga después de cuatro años.
El consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, afirmó que «la incorporación de Air Europa al Grupo IAG supone un fortalecimiento del presente y futuro de la compañía, que mantendrá la línea seguida por Air Europa durante los últimos años». Desde el Gobierno se pide «prudencia» y que la operación «no afecte a la competitividad ni al empleo».
