La oposición política a la Lomce llevó a numerosos grupos parlamentarios a acordar por escrito el compromiso de derogar dicha ley de cara a la siguiente legislatura
Cuando el Ministerio de Eduación propuso, el 9 de noviembre de 2018, recuperar muchos de los aspectos de la Ley Orgánica de Educación (LOE) — la norma que aprobó el PSOE en 2006, en su nueva reforma educativa — y derogar totalmente la Lomce — actual ley educativa aprobada en 2013 por el PP, conocida como ley Wert — para favorecer en múltiples aspectos al desarrollo más próspero y novedoso de la educación en nuestro país, parecía fácil, pero no lo es.
Aún hoy, el Gobierno no descarta reformar completamente la actual ley educativa, si bien para hacerlo debe someterse un arduo proceso de consulta y preparación, a lo cual resultaría más eficaz modificar únicamente algunos artículos de la ley vigente, ya que de lo contrario supondría quedarnos sin legislación educativa. Lo cual es totalmente inviable.
La oposición política a la Lomce llevó a numerosos grupos parlamentarios — exceptuando a UPyD y los dos diputados de UPN y Foro Asturiano — a acordar por escrito el compromiso de derogar dicha ley de cara a la siguiente legislatura. La reforma incluía: la inclusión de Ética como asignatura obligatoria (bajo el nombre de Educación en valores cívicos y éticos), y la suspensión, a su vez, de Religión como materia ofertada en 1º y 2º de Bachillerato. La nueva búsqueda de la equidad e inclusión no solo buscaba la eliminación de los polémicos itinerarios educativos, sino la intención de asegurar que, cualquier opción curricular escogida en la ESO, derivase en una sola titulación, evitando así la temprana segregación a la que son sometidos los jóvenes alumnos.
Las medidas convenientes en la reforma educativa
Además, entre las proposiciones de la nueva reforma, se buscaba la individualización de los alumnos repetidores, para que así los centros educativos puedan favorecer, en función de exámenes concretos y pruebas de diseño especifico para estos casos, la posibilidad de desarrollo y salida adelante de cada uno de estos desfavorecidos estudiantes. La intención directa de abolir el fracaso académico a través de estas medidas fue lo más destacado. La idea principal, en todo el contenido, deducía que nadie y en ningún caso se quedase atrás.
Entre otras, las nuevas medidas de evaluación, se pretendía prohibir la utilización de las pruebas de los alumnos para establecer una clasificación de centros estudiantiles a modo de ranking. Se trata de una medida que se recupera de la LOE. Y la intención de que el uso de pruebas reválidas no sean, una vez aprobadas las medidas, más que indicativos de muestra que señalen los puntos fuertes o débiles que tiene el alumno con la asignatura, para así poder reconocer de manera instantánea y eficaz las competencias más complejas para cada uno de ellos.
La mejor parte de esta reforma, que aún esta en espera de resolverse, es la reincorporación, según informó la Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, de Historia de la Filosofía como asignatura obligatoria, que hasta ahora solo se ha impartido como materia optativa y sin importancia, en el curso de 2º de Bachillerato.
Esta parte de la reforma parece próxima a su aprobación y posterior tramitación parlamentaria, y se prevé un alto acercamiento entre los partidos, para favorecer al desarrollo de la ciudadanía más joven. La asignatura busca principalmente ayudar a los alumnos y alumnas a pensar y a reflexionar las ideas, a crear una conciencia crítica y a instalarse conscientemente en el tiempo y en el espacio que les toca vivir. Esto les abrirá importantes puertas en el futuro.
Los escritores y filósofos Fernando Savater y José Antonio Marina celebran con alegría las propuesta y esperan, junto al resto de miembros de la sociedad, los mejores resultados para esta.
El futuro de la reforma educativa
Aún quedan muchas cuestiones por resolver, lo que dependerá también del futuro que se le depare al Gobierno saliente tras las próximas elecciones. Por ejemplo: una ley no sexista que evite escuelas segregadas por género, una ley que no sea centralizada y dé las mismas oportunidades a los alumnos de todas las Comunidades Autónomas, una ley que evalúe de manera legitima al profesorado docente de cada centro educativo cada cierto tiempo, una ley realista y aplicable que haya sido correctamente estudiada y contrapuesta en debate.
Son muchos los errores que se deben evitar en el futuro y que serán precisamente los que garanticen una mejor educación y de calidad a las generaciones más jóvenes de estudiantes.
Si bien la intención es buena, el terreno para poder cultivar todas estas propuestas, y otras que aún no se definen o no se mencionan, es aún inestable. «El Gobierno pretende devolver al sistema, de forma gradual, la normalidad y los recursos recortados durante la crisis económica”, explicó durante el pasado mes de diciembre la Ministra de Educación; Isabel Celaá.
El proceso es complicado, pero no imposible. Pero lo más importante a tener en cuenta es la cantidad de alumnos que padecerán estos cambios y a los que no se debe dejar un limbo educacional. La educación es un bien social que no debemos perder.
