La bailarina requiere la readmisión por despido nulo al organismo público del que depende la compañía.
María Fernández presume de su barriga de seis meses de embarazo, aunque se marque poco por la larga preparación física que ha tenido como bailarina durante 18 años, los últimos siete años en el Ballet Nacional de España (BNE), la élite de la danza española. Cada 31 de agosto renovaba cada contrato temporal hasta ahora que por primera vez no le ofrecieron un nuevo contrato a firmar después de que Fernández comunicara su estado al Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música (el INAEM que depende del Ministerio de Educación y Cultura), según cuenta, le comunicó que su puesto estaba garantizado.
Fernández asegura que se siente discriminada y siente el deber moral de denunciarlo. Además, la situación de esta bailarina como la de muchos miembros de la compañía mezcla un complejo conflicto laboral que son sometidos a contratos precarios con una circunstancia excepcionalmente protegida por la ley, como es el embarazo y la maternidad.
Su abogada ya ha iniciado el proceso previo a la demanda, una reclamación al INAEM a la que, por el momento, no han recibido respuesta. «Demandaremos por discriminación por embarazo, por vulnerar el principio de no discriminación del artículo 14. Solicitamos que el despido sea nulo», explica la letrada Isabel Lobera. Se apoyarán también en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, que declara nulo el despido de embarazadas. La abogada defiende que María Fernández no solo tenía categoría reconocida de solista, sino que hizo en numerosas ocasiones el rol de primera bailarina, un rango superior. «Prácticamente todas las pruebas que aportó en la audición eran de papeles de primera bailarina», remarca.
Fuentes del Ballet Nacional de España niegan que se haya prescindido de Fernández por su embarazo, y argumentan que, al igual que otra decena de compañeros, no ha sido renovada porque no superó una prueba selectiva que se celebró en junio. Esta fue obligatoria solo para la veintena de artistas (bailarines y músicos) que no tenían reconocida por sentencia firme su relación laboral como indefinida, lo que su abogada considera otra discriminación que vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución.
María Fernández, en el cartel del 40º aniversario del Ballet Nacional de España, en diciembre de 2018.
La audición convocada este año, ante un tribunal cuya composición fue recurrida por los artistas que tenían que presentarse, constaba de dos fases, siendo la primera eliminatoria. La prueba física se adaptó al embarazo de Fernández: se le permitió presentar un vídeo de media hora que recopilaba sus actuaciones de los últimos años en el BNE, algunas de ellas en papeles de primera bailarina, es decir, por encima de la categoría que tiene reconocida. En base a ese material, fue declarada no apta por el tribunal, por lo que no pasó siquiera a la segunda fase.
En los últimos años ha habido varias bailarinas embarazadas en la compañía sin sufrir ningún problema por ello. «Desde el INAEM nunca se ha dejado de prorrogar el contrato a ninguna bailarina por el hecho de estar embarazada. No tenemos ninguna demanda en ese sentido», afirman fuentes del BNE. La abogada de Fernández sí recuerda el caso de Esmeralda Gutiérrez, a la que no se la renovó el contrato en 2007 tras dar a luz. La situación no llegó a los tribunales pues se la volvió a contratar tras presentar una reclamación.
