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El Gobierno español inicia los tramites para inhabilitar a Luis Rubiales

Fotografía: RFEF - Twitter

El panorama deportivo de España se encuentra en su peor momento debido a las actuaciones de Luis Rubiales, actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Aunque se esperaba que Rubiales presentara su dimisión durante la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, el presidente ha resistido esta medida, lo que ha llevado al Gobierno a intervenir en la situación.

Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), ha anunciado que utilizará todos los medios a su disposición para tomar medidas apropiadas contra Rubiales. Francos tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el plan que eliminará a Rubiales de su posición en la RFEF.

Esta decisión se ha desencadenado después de la declaración de Rubiales, en la que ha arremetido contra miembros del Gobierno, incluyendo a las ministras en funciones Yolanda Díaz e Irene Montero.

Francos comunicó en el programa de radio «Hoy por hoy» de la Cadena Ser: «A partir de este momento yo acabo de activar todos los instrumentos al alcance del CSD para tomar las medidas oportunas que están en nuestras manos, que es analizar las denuncias y analizar la causa.»

El secretario de Estado para el Deporte ha confirmado que, a pesar de que aún no han recibido el informe de la RFEF sobre el caso, procederán con el proceso. «Yo ya puedo anunciar que vamos a levantar una denuncia como falta muy grave; y si nos solicitan, la suspensión», afirmó.

Este proceso involucra que el CSD remita al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) las acusaciones contra Rubiales para que sean procesadas, lo que debería resultar en la suspensión del presidente de la Federación. «Vamos a seguir todo el procedimiento que el Tribunal Administrativo del Deporte nos permite para actuar», agregó Francos.

Las acusaciones contra Rubiales han sido remitidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía Provincial de Madrid a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ya que los incidentes ocurrieron fuera del territorio español, específicamente en Australia. Las cuatro denuncias recibidas por la FGE y las remitidas a la Fiscalía de Madrid serán procesadas por la Audiencia Nacional, que determinará su admisibilidad y la posible apertura de un procedimiento conjunto.

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