Sumar, el grupo parlamentario liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del organismo. La acción legal se fundamenta en lo que consideran una «inaceptable intromisión» en la función legislativa del Congreso, relacionada con la declaración institucional contra la futura ley de amnistía. La querella acusa a los miembros del CGPJ de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, que conlleva la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En el escrito, Sumar señala directamente a ocho vocales conservadores como promotores de la declaración: Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. Además, incluye a otro vocal, Wenceslao Olea, que votó a favor. La querella argumenta que la resolución impulsada por estos miembros del CGPJ fue «ilegal», «arbitraria» e «irresponsable», traspasando las competencias del organismo judicial. También responsabiliza al presidente Guilarte, que votó en blanco, de un delito de prevaricación como «cooperador necesario» del actuar de los vocales conservadores.
La presentación de la querella ante la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo tiene como base el aforamiento de los miembros del CGPJ. Sumar sostiene que los promotores de la declaración del 6 de noviembre se atribuyeron competencias, como «la interpretación de la Constitución», que solo corresponden al Tribunal Constitucional. Además, la querella destaca que los vocales que respaldaron la resolución lo hicieron antes de que la proposición de ley se registrara en el Congreso, desconociendo su contenido exacto, lo cual, según Sumar, constituiría un presunto delito de prevaricación administrativa.
En su escrito, Sumar alega que la intención de los vocales conservadores del CGPJ era enviar a la ciudadanía «un mensaje apocalíptico» que solo contribuiría a aumentar la crispación social, especialmente al conferirle carácter institucional a la declaración. La querella busca, por tanto, que el Tribunal Supremo analice y determine la legalidad de la actuación del presidente interino del CGPJ y los vocales conservadores, abriendo un nuevo capítulo en la tensa relación entre el poder judicial y el legislativo en el contexto de la futura ley de amnistía.
