Se prevé que la nueva ley entraría en vigor antes del 2022.
El borrador del anteproyecto de ley arroja luz sobre las nuevas reformas que afectarán a las pensiones. Tras varios meses de negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales, se ha hecho público el proyecto que pondrá en marcha nuevos mecanismos que condicionaran las futuras prestaciones.
Una de las novedades más polémicas son las penalizaciones para las jubilaciones anticipadas. Según esta medida, una persona que solicite adelantar su retiro verá afectada su pensión con reducciones considerables. Este recorte irá aumentando por cada mes de anticipo de la salida del mercado laboral.
Por otro lado, aquellas personas que se vean obligadas a jubilarse a causa de un despido, tendrán la oportunidad de hacerlo hasta cuatro años antes de la edad establecida legalmente. Para ellos, la pensión se reducirá en un 0,5 y un 30%, en función de los meses de adelanto y del tiempo ya cotizado.
En el caso contrario, se ofrecerán incentivos para el retraso de la jubilación. Estos serán a elegir por el trabajador y se aplicarán por cada año de demora: un porcentaje adicional del 4% (sumado al que corresponda por los años cotizados), un pago único en función de la cuantía de la pensión, o una combinación de ambas. Dicho pago único tendrá un mínimo de 4.786,27 euros y un máximo de 12.060,12 euros.
