La medida elevaría al castellano a idioma vehicular, mientras que las lenguas cooficiales se convertirían en un acompañamiento opcional.
Pablo Casado, líder del PP, ha propuesto la elaboración de una ‘ley de lenguas’ que rebaje el uso de las lenguas cooficiales a opcional. Casado ha aprovechado su visita a Barcelona con motivo del Mobile World Congress para anunciar esta iniciativa. Esta ya está incluida en el programa electoral del partido para las elecciones generales del 28 de abril.
La medida se aplicaría en ámbitos como la educación, la administración, el empleo público o la señalización urbana. De este modo, el castellano se convertiría en idioma vehicular. Cada Comunidad Autónoma tendría la opción de usar su lengua cooficial como acompañamiento. Casado asegura que si la medida triunfa, las lenguas cooficiales pasarían a ser «un mérito pero no un requisito excluyente».
Además, Casado defiende que la reforma “refuerza el carácter oficial del castellano en los actos administrativos”. No obstante, el Partido Popular garantiza que cada Comunidad Autónoma “elaborará planes de formación” que asegure que todos los ciudadanos puedan ser atendidos en la lengua que elijan.
De este modo, el dirigente popular pretende que los empleos públicos sean patrocinados en castellano. El fin es amparar “la igualdad de oportunidades” entre los españoles de diferentes comunidades. Además, establece la obligatoriedad de señalizar el entorno urbano en castellano con la posibilidad de una doble rotulación en la lengua cooficial.
Pablo Casado ha justificado la iniciativa arremetiendo contra los independentistas catalanes. «Las lenguas cooficiales siempre son una riqueza pero el nacionalismo las ha aprovechado, no por amor a ellas, sino como una barrera identitaria para llevar a cabo su proyecto», declaró Casado.
Ante estas comunicaciones las demandas no han tardado en llegar. El consejero de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, afirma que la reforma de Casado es “inconstitucional”. Asimismo, sostiene que es contraria al Estatut d’Autonomia de Catalunya.
