El presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, se ha enfrentado hoy a un juicio por un delito de desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Quim Torra llegaba esta mañana al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya arropado por su familia y por políticos catalanes, como el expresident de la Generalitat, Artur Mars. El juicio al que se enfrentaba estaba relacionado con un delito de desobediencia que tuvo lugar durante el periodo electoral del 28A, y es que la Junta Electoral instó a Torra a quitar los lazos amarillos, pancartas y ‘esteladas’, de los edificios públicos, pero el presidente no hizo caso.
Ante la acusación del Tribunal, Quim Torra se remitía a responder que «la pregunta no es qué hacía la pancarta en la Generalitat, sino por qué no estaba en otros edificios, como en la Delegación del Gobierno». Como sede del Govern era importante que se expresara este deseo mayoritario de la sociedad catalana de la libertad de los presos y exiliados”. Además, aseguró que los lazos no son propaganda, sino que “apelan a un deseo de justicia, del deseo de inocencia, de protesta, de libre ejercicio de derechos políticos”.
Por su parte, la defensa de Torra mantuvo la petición de absolución en todo momento, ya que considera que el presidente catalán no incurrió en un delito de desobediencia porque la Junta Electoral no tiene competencias para dar órdenes que estén relacionadas con la retirada de símbolos de apoyo a los políticos presos. Su abogada defensora, Isabel Elval, se preguntaba si existe algún juez que pueda abordar la causa de forma imparcial: «Esto es una anomalía democrática, hay que frenarlo, tienen una oportunidad histórica de salvar el sistema democrático. Deberían anular todo lo actuado por vulneración del juez imparcial».
Sin embargo, el fiscal defendió el papel de la Junta Electoral Central: “Es necesario que se cumpla las decisiones de la JEC para garantizar la limpieza de las elecciones”.
«Sí, he desobedecido»
Tras una larga jornada de juicio, Quim Torra confesó que es consciente de que no cumplió con las órdenes, pero que “era imposible cumplir una orden ilegal, dictada por un órgano ilegal y no podía hacerla para no vulnerar los derechos de los ciudadanos». Además, se apoyó en el argumento de su abogada de que la Junta Electoral no puede dar este tipo de órdenes a la presidencia de la Generalitat y añadió que estos símbolos forman parte de la libertad de expresión de los ciudadanos de Cataluña.
Tras su declaración, la Fiscalía ha mantenido su petición de un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente, para cualquier cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo y una multa de 30.000 euros.
Una vez conocida la pena, Torra exclamó que “bienvenida sea la condena”, asegurando que no piensa “renunciar nunca a los derechos civiles, políticos y democráticos de todos los catalanes”. Torra confirmaba de esta manera su compromiso con “el derecho de autodeterminación” y la denuncia por la existencia de “presos políticos”.
Ahora, el juicio ha quedado visto para sentencia. La resolución del tribunal, al tratarse de un delito de poca complejidad, podría dictarse en los próximos días.
Reacciones políticas
Las reacciones sobre la decisión de la Fiscalía no han tardado en llegar. El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, afirmó que “son sometidos a la represión judicial. Decimos basta. Tienen la obligación de defender la libertad de expresión». A su vez, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, h asegurado que el caso contra el ‘president’ «es una muestra más de la deriva autoritaria del Estado español» y advirte de que «con el pretexto de Catalunya», se están recortando derechos y libertades.
También, desde el Gobierno se ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, quien ha reclamado «respeto a nuestro Poder Judicial y a la Justicia de una democracia», algo que «a algunos les cuesta mucho trabajo».
Por último, desde la derecha, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado Quim Torra, hace «mucho tiempo» que está inhabilitado políticamente y ha instado al Gobierno en funciones a enviarle ya el requerimiento previo a la posible aplicación del artículo 155.
