Miembros de la institución presentaron una querella contra la expresidenta en el que se pide cuatro años de cárcel por la falsificación de su máster, y al presidente del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, órgano que dirige estos postgrados.
Exigen además varias inhabilitaciones especiales, como a pagar seis euros durante diariamente y el no ejercer ningún cargo público en los próximos seis años.
La jueza Carmen Rodríguez-Medel propuso juzgar a los cuatro procesados pero dio por concluida la instrucción. Su razonamiento se basó en no creer las declaraciones sobre la defensa del trabajo ante un tribunal. Aunque la causa fue relegada, Cristina Cifuentes continúa imputada por la posible falsificación. “En ningún momento participé de la confección ideológica o material de ningún título”, se defendió Cifuentes ante los medios de comunicación.
El periódico del diario.es, el periódico que destapó la trama, señaló en las primeras informaciones una irregularidad y justamente después Cifuentes dio órdenes a su asesora para que “ocultara la ausencia de méritos académicos”.
Cronológicamente, el director del IDP hizo una llamada telefónica a la profesora Rosado para que “procediera a elaborar ese mismo día un acta falsa” de defensa de su trabajo de fin de máster. Este papel no tenía sello oficial y estaba escrito a mano. Según la URJC, la expresidenta mantuvo relaciones continuadas con Conde, inventándose juntos la fecha, el título del trabajo y la composición del tribunal.