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Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión para Pedro Antonio Sánchez, expresidente del Gobierno de la Región de Murcia, por el ‘caso Auditorio’

El fiscal Anticorrupción de Murcia pide cuatro años y medio de cárcel y el pago de seis millones de euros para el expresidente murciano y exalcalde de Puerto Lumbreras por los delitos de fraude, prevaricación continuada y fraude de subvenciones

En la construcción del teatro-auditorio de la localidad murciana se invirtieron seis millones de euros y solo se llegó a ejecutar en un 61% del proyecto. Según apuntaron informes periciales, la obra habría necesitado de otros 2,3 millones de euros para llevarse a cabo. El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, pide también una inhabilitación especial en empleo y cargo público por un período de diecinueve años.

Además del expresidente, serán juzgados el arquitecto de la construcción, Martín Lejarraga por los tres mismos delitos que ha acusado a Sánchez con dos años y tres meses de cárcel e inhabilitación por espacio de 17 años y medio. Para la secretaria del Ayuntamiento de la localidad, Caridad García Vidal, se han reclamado dos años y tres meses de prisión y 16 años y medio de inhabilitación por fraude y prevaricación continuada, y para el constructor Gimeno se solicitan dos años y tres meses de prisión y ocho años de inhabilitación por fraude.

El fiscal considera que Pedro Antonio Sánchez, con ánimo de obtener una subvención, antes de septiembre de 2005 realizó un «ilícito encargo verbal» al arquitecto que, aceptando el encargo a sabiendas de la falta de expediente alguno de contratación, procedió a ejecutarlo.

Así, el arquitecto confeccionó un Anteproyecto de junio de 2006, un Proyecto Básico de noviembre de 2006 y un Proyecto de definición general del Teatro Auditorio de febrero de 2007, todos ellos realizados sobre una parcela «que ni siquiera era propiedad municipal». Para ir justificando el gasto del importe de la subvención ante la Comunidad, y evitar el reintegro, el Fiscal relata que se aportaron certificaciones de obra «incrementadas indebidamente en un 38,04%».

Para el Ministerio Público, se trata de «un ardid engañoso cuya finalidad era no perder la oportunidad de obtener una subvención y obtener la liberación de fondos al tiempo que pudo presentar esa obra como gestión a publicitar políticamente de cara a las elecciones de mayo de 2007».

 

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