La presidenta del máximo organismo fiscalizador propone una modificación para mantener una menor vigilancia sobre las cuentas de los grupos parlamentarios.
María José de la Fuente, presidenta del Tribunal de Cuentas, máximo organismo fiscalizador en España, ha propuesto un cambio en la normativa vigente. La conservadora respalda una rebaja de los controles sobre las contabilidades de los partidos políticos.
Los documentos contables relacionados con las actividades propias de los grupos parlamentarios serían aquellos que se verían afectados por la nueva normativa propuesta.
Las cuentas consolidadas ofrecen los datos de la estructura básica de la organización así como de todas las ramificaciones que se desarrollen a partir de la misma de manera que se pueda adquirir un barrido completo de la situación de estas comunidades.
El Plan de Contabilidad aprobado el pasado 20 de diciembre incorporaba, en el apartado reservado para las formaciones políticas, una consideración necesaria en cuanto a la incorporación de cuándo, cuánto, en qué y cómo gasta en dinero público los grupos parlamentarios de las formaciones.
Las subvenciones se consideran útiles y de obligada incorporación a los documentos contables que se remitan al órgano fiscalizados. En el caso del Congreso de los Diputados, en el pasado ejercicio de 2018, se apartó un total de 9.54 millones de euros en lo relativo a las subvenciones destinadas a los grupos. El Senado, por su parte, transfiere mensualmente 15.200 euros a cada grupo.
Un portavoz del Tribunal de Cuentas aseguró que la presidenta “pretende reproducir en el plan de contabilidad lo que dispone la subvenciones ley de financiación de partidos, que no impone la obligación de que la cuenta consolidada incluya las cuentas de los grupos parlamentarios ni de los grupos municipales” según informa el diario digital Infolibre.
La ley permite el arreglo
María José de la Fuente se ha respaldado en la nueva Ley de Financiación de Partidos que excluye cualquier mecanismo donde se incluyan las mismas cuentas de los grupos parlamentarios. Como consecuencia, se extrae la idea de que no existen sanciones de naturaleza alguna de cara al dinero ingresado por los partidos presenten en las cámaras de Gobierno.
Este vacío legal presente en la ley es donde se apoya De la Fuente a fin de poder asegurar la aprobación de la propuesta, pese a que la utilidad del órgano fiscalizador se vea mermada.
No obstante, el Plan de Contabilidad contempla que las organizaciones políticas deban dar una “imagen fiel” de la situación financiera de las cuentas así como de las actividades para las que desarrollan su trabajo en el ámbito correspondiente a los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, las Juntas Generales de los Territorios Históricos (Euskadi y Navarra) así como de los Grupos de las Corporaciones Locales.
Una comisión partidista
La comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, por primera vez en democracia está compuesto por tres cargos pertenecientes al mismo partido político, al PP. Éstos son De la Fuente, la presidenta, Javier Medina, presidente de la sección de fiscalización y José Manuel Suárez Robledano, responsable de la sección de enjuiciamiento.
