Según su abogado Javier Sánchez-Hunco, Juan Carlos I ha dado instrucciones para presentar una declaración voluntaria en la que establece un pago a Hacienda de la cantidad exacta de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos.
Su defensa en el mismo escrito ha afirmado que Juan Carlos I «continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos».
De este modo, el rey emérito regularizaría –según su defensa- las cantidades no declaradas durante el ejercicio de los años 2016 a 2018, mediante las conocidas “tarjetas opacas”, años en los que Juan Carlos ya había abdicado y con ello perdido su inmunidad. La investigación de este caso aún se está llevando a cabo por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Según la Fiscalía General del Estado, al superar la cantidad de 120.000 euros no declarados a Hacienda, podría establecerse como delito penal.
Este suceso ha ocurrido días antes de un posible regreso a España de Juan Carlos I en Navidad desde los Emiratos Árabes, donde se encontraba desde el pasado mes de agosto. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que “cuenta con todos los elementos para hacerlo, si quiere, y en el momento en que estime más oportuno”. Sin embargo, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros ha señalado que “El Gobierno seguirá trabajando para que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales procedan de donde procedan y vivan donde vivan”.