El juicio se realizará en los próximos días. Los afectados esperan severas sanciones para los responsables al “jugar con miles de familias”.
Los afectados por la venta de 1.860 viviendas sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Blackstone esperan que haya equidad en el juicio. Ocho años han pasado desde que «una decisión» de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella truncara la vida de muchas familias. Cada piso salió por un precio medio de 69.000 euros.
Por esa operación, está previsto que se sienten en el banquillo de los acusados Fermín Oslé Uranga, exconsejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides Grases, antiguo apoderado de Fidere Vivienda.
El caso se archivó hasta en tres ocasiones, al considerar el juez que no había «suficientes elementos» para seguir con la investigación. Pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su reapertura. La Fiscalía de Madrid no imputa ningún delito a los dos acusados y solicita en su escrito su absolución. Todo ello al considerar que no han cometido ninguna infracción penal. En cambio, los afectados solicitan ocho años y cuatro meses de cárcel por fraude, prevaricación y malversación de causales públicos.
Una ridiculez de precio
El letrado Mariano Benítez de Lugo, abogado de los perjudicados, ha destacado que en el juicio se va a analizar la infame operación de venta de 1.860 viviendas a un precio ridículo a un fondo americano de inversión. «Hubo una tasación que valoró el precio el doble con independencia de que había otra solución», ha subrayado. Además, ha apuntado a Ana Botella, la cual fue exonerada por parte del Tribunal de Cuentas. «Fue bastante chocante y contrario a derecho porque la ponente fue Margarita Mariscal, exministra de Justicia con José María Aznar”, ha reseñado.
Además del ámbito judicial, el caso tuvo una vertiente administrativa y económica por parte del Tribunal de Cuentas. En septiembre de 2017, se hizo público el informe de fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Este se centraba en los ejercicios 2012 y 2013, bajo un mandato del PP. En el informe se señalaba que la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles.
No se encuentra delito
La Fiscalía subraya en su escrito que «el procedimiento en todo momento se ajustó a las prescripciones establecidas en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril y al artículo 18 del Decreto 74/09, Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid».
A su juicio, ello permitía la enajenación por sus titulares de las viviendas con protección pública para arrendamiento y arrendamiento con opción a compra por promociones completas.
Las actuaciones se incoaron a raíz de una denuncia presentada por el abogado del PSOE en nombre del entonces portavoz municipal Jaime Lissavetzky. Así como la Asociación de Afectados/as por la venta de viviendas de la EMVS contra Oslé y Benavides, el apoderado de la firma Fidere. Los demandantes insinuaron que el procedimiento objeto de la causa «no fue correcto» por existir, entre otras cosas, «otras alternativas, otras posibilidades que produjesen algo así como menos daño a la ciudad de Madrid».
