El estudio con presos agresivos se llevó acabo entre 2016 y 2017 en los Centros Penitenciarios de Huelva y Córdoba.
Francisco Fernández Marugán, el Defensor del Pueblo en funciones, va a iniciar una investigación acerca del experimento con estimulación eléctrica cerebral realizado a reclusos violentos. Pese a recibir el apoyo de expertos en botánica, fue paralizado por el Ministerio del Interior el pasado jueves. El proyecto se inició en 2016, y 15 de los 41 presos agresivos que participaron, eran homicidas.
Dicha investigación de oficio, dado que no se recibió ninguna denuncia, pretende demostrar que las “personas bajo custodia” de los Centros Penitenciarios de Huelva y Córdoba fueron obligados a participar. La inspección comenzará con la obtención en la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias de información relativa al estudio.
El objetivo del experimento era evaluar sentimientos de violencia física y verbal, rabia y hostilidad a través de un formulario de verdadero y falso valorando afirmaciones como “si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona” o “algunas veces me siento como un barril de pólvora a punto de estallar”. Dicho cuestionario se hacía después de haberle suministrado una suave corriente eléctrica al interno, de 1,5 miliamperios, a través de unos electrodos colocados en la frente. La estimulación simultanea de los dos hemisferios cerebrales duraba 15 minutos y se realizaba durante 3 días.
Ante esto, Interior tomó una serie de medidas, que al final no serían llevadas a cabo, como obligatoriedad de cumplimiento de la Ley de Protección por parte los autores para preservar el anonimato de los presos, unido a la firma de consentimiento por escrito y la exigencia de que la participación fuese voluntaria. Además, se reclamó a los científicos el envío de una copia del informe con los resultados, que, según sus autores, mostraron la disminución de hasta un 37% en sentimientos hostiles.
El proyecto que fue coordinado por los psicólogos Andrés Molero, de la Universidad de Huelva, y Guadalupe Nathzidy Rivera, de la Universidad Autónoma de Baja California (México).
La segunda parte del estudio que se realizaría en la prisión de Huelva fue aprobada por Prisiones el pasado 22 de enero. Pero, al hacerse público los datos del proyecto, el Ministerio de Interior decidió cancelar la autorización y solicitar a la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria un informe con los posibles efectos en los internos que hubiesen colaborado.
