El Ministerio de Transición Ecológica había interpuesto un recurso para solicitar medidas cautelares con la finalidad de impedir la realización de actividades de esquí y el uso de las instaaciones hasta la resolución del contencioso.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha denegado la suspensión cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, a instancias del Ministerio de Transición Ecológica, para evitar la actividad en la estación de esquí de Navacerrada. En el auto, los magistrados declaran la incompetencia de esa Administración autonómica para resolver la solicitud de interrupción del cómputo del plazo de la ocupación en el monte Pinar de Valsaín. e concede a la Administración de la Comunidad de Castilla y León y a la entidad concesionaria un plazo común de dos días para hacer alegaciones sobre la medida cautelar ordinaria.
La Sala esgrime que las medidas cautelarísimas en la forma interesada, al efecto de que se adopten por la misma las medidas que impidan la realización de actividades de esquí alpino y el uso de las instalaciones asociadas a dicha actividad, no revisten los requisitos de urgencia que son exigidos para su adopción en el presente momento procesal. En lo relativo al título concesional, se expone que «el aprovechamiento del monte se viene realizando durante los últimos 25 años en base a la concesión efectuada por el residente del Organismo Autónomo Parques Nacionales en fecha 29 de febrero de 1996».
La resolución de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, ha desestimado de este modo la adopción de la medida cautelar provisionalísima y urgente consistente en ordenar a la Junta de Castilla y León que disponga todo lo necesario para la inmediata paralización de todo uso del monte propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales por parte de la concesionaria de la estación de esquí de Navacerrada.
Una cuestión procesal, para el Ministerio
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico considera que la denegación de medidas cautelarísimas que solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León esta semana para que la administración autonómica evitara cualquier actividad de esquí en Navacerrada, es una cuestión procesal que no se puede interpretar como que el juez permita esquiar en la estación. Fuentes del Ministerio han señalado a Europa Press que estará a lo que diga el juez en este asunto una vez que el Tribunal ha decidido tramitarlas por el procedimiento ordinario. Así, estiman que el juez no ha rechazado las medidas cautelares sino que el proceso de solicitud de medidas cautelarísimas no siga el procedimiento de urgencia. No obstante, reiteran que los planteamientos del Organismo Autónomo Parques Nacionales y del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico no han cambiado, siguen siendo los mismos, y está a la espera de que el procedimiento se desarrolle como la justicia estime conveniente.
El Ministerio explicó el pasado lunes que la Abogacía del Estado había autorizado la interposición de un recurso contra la Junta de Castilla y León por la «ocupación ilegal» de los terrenos del Puerto de Navacerrada y acusó al Ejecutivo regional de Alfonso Fernández Mañueco de confundir «deliberadamente» el esquema de reparto de competencias. El Ejecutivo central decidió que la Junta de Castilla y León «es la competente para declarar el cierre» por lo que consideraron «que no hay ni razones políticas ni razones jurídicas para declarar» dicho cierre.
La adjudicataria prevé abrir este viernes
La concesionaria de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada prevé abrir este viernes las instalaciones en su horario habitual, a las 9 horas de la mañana y, «siempre y cuando la meteorología lo permita». La estación cuenta actualmente con ocho kilómetros de nieve disponibles, correspondientes a las pistas situadas en la vertiente segoviana, que son las del Telégrafo, El Escaparate y El Bosque.
La empresa concesionaria considera que el rechazo de las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno no les afecta directamente, al no ser parte en el proceso iniciado por la Administración central para impedir cualquier actividad de esquí en Navacerrada, y entiende que «puede continuar con la actividad normal de explotación». Conesa ha recordado además que solicitaron una prórroga de dos años en la concesión y a día de hoy «ninguna administración se ha declarado competente para resolverlo». «Estamos esperando la resolución del Ministerio por agotar el procedimiento administrativo, ya que tienen de plazo hasta mañana para contestar este tema», ha dicho.
Así, ha hecho hincapié en que la postura de la empresa es de «muchísima prudencia» pues «no» quieren «echar las campanas al vuelo». «No queremos que ningún tipo de institución se moleste, ni que crean que estamos aquí retando a nadie. Nada más lejos de nuestra intención», ha concluido.
