La estación de esquí de Navacerrada, que se sitúa entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León, continuará prestando su actividad, gracias a la decisión de la Junta de Castilla y León.
Lo ha anunciado su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en rueda de prensa tras reunirse con su homóloga de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de una reunión en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.
Mañueco ha explicado que el cierre decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez «ataca claramente el futuro económico de Navacerrada y de todo su entorno». En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo central ha decidido que la Junta de Castilla y León «es la competente para declarar el cierre» por lo que ellos han considerado «que no hay ni razones políticas ni razones jurídicas para declarar» dicho cierre.
«Va a seguir prestando su actividad el concesionario de las pistas. No hay inconveniente alguno para que siga desarrollando esa actividad la concesionaria. Es perfectamente compatible el uso de la estación de esquí con los aprovechamientos, con los montes de utilidad pública, donde se ubican las pistas», ha señalado. A su parecer, es una forma de «poner en valor que con actividades de estas características» se comprometen con el mundo rural, con el asentamiento de la población y con la actividad económica «en esta zona tan privilegiada» que une las dos comunidades. Por su parte, Ayuso ha calificado este anuncio de «muy buena noticia».
Esta decisión se adopta después de que el pasado mes de marzo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico comunicara a la Junta de Castilla y León que no daría una nueva concesión de las instalaciones de Escaparate, Telégrafo y El Bosque y se le diera un plazo hasta el 30 de octubre para desmontar las instalaciones, orden que la concesionaria no ha cumplido al entender que no se le ha comunicado formalmente.
«Meses denunciando la medida de cierre de las pistas»
Por su parte, Ayuso ha calificado este anuncio de «muy buena noticia». El Ejecutivo regional ha recordado que llevan «meses denunciando la medida del cierre de las pistas por injusta» y han resaltado que esta decisión no fue «consultada ni con municipios ni comunidades afectadas». «No existían argumentos jurídicos, medioambientales, deportivos o económicos que justificaran dicha decisión», han subrayado.
La Comunidad de Madrid había estimado que el fin de actividad de estas pistas afectaría a entre 300 y 500 empleos directos, más los indirectos, especialmente de Cercedilla y Navacerrada, pero también de otros municipios como Los Molinos, Becerril de la Sierra, Mataelpino, El Boalo, Collado Mediano o Cerceda, entre otros, en lo que se refiere a servicios de alojamiento y restauración, escuelas de esquí y tiendas de material.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha señalado este lunes que la Abogacía del Estado ha autorizado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Castilla y León por la «ocupación ilegal» de los terrenos del Puerto de Navacerrada y ha acusado al Ejecutivo regional de Alfonso Fernández Mañueco de confundir «deliberadamente» el esquema de reparto de competencias.
Abogacía del Estado interpone un recurso contra CyL por la «ocupación ilegal» de Navacerrada
Así se ha pronunciado el departamento liderado por Teresa Ribera después de que el presidente regional anunciara que la estación de esquí del Puerto de Navacerrada, que se sitúa entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León, continuará prestando su actividad.
Según ha recordado en un comunicado, la Junta «es la administración competente para resolver las concesiones de dominio público forestal y, por tanto, de tramitar el expediente ante una ocupación ilegal como la que se está dando en los terrenos del Puerto de Navacerrada, comprendidos en el Monte de Utilidad Pública ‘Pinar de Valsaín'», tras caducar la concesión el pasado 3 de abril de 2021.
En este contexto, el departamento de Teresa Ribera ha autorizado la solicitud de medidas cautelares «que impidan la realización de actividades de esquí y el uso de las instalaciones hasta la resolución del recurso» pues continuar con las actividades de esquí, a su juicio, supondría «irregularidad», y «más teniendo en cuenta que la entidad concesionaria está publicitando la apertura de las instalaciones para el próximo 1 de diciembre».
Por último, el OAPN ha subrayado que las declaraciones de Mañueco «para que la concesionaria siga desarrollando la actividad» vulnera «los derechos del propietario del monte reconocidos en la Ley de Montes de Castilla y León (Ley 3/2009 de 6 de abril), el procedimiento administrativo para el otorgamiento de concesiones» e invita «a la vulneración del Estado de derecho para favorecer el interés privado en lugar del interés general».
