La donación de un piso a sus padres provoca una querella contra Ayuso, inadmitida por falta de indicios penales.
La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha presentado la querella contra Ayuso. Desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido la querella por no existir indicios de responsabilidad criminal. La querella se basa en 2011 cuando la mercantil MC Infortécnica SL solicitó un crédito aval por importe de 400.000 euros con la empresa pública Avalmadrid. La operación fue aprobada y se garantizó con una hipoteca sobre una finca del padre de Díaz Ayuso en Sotillo de la Adrada (Ávila).
ALA sostiene que a este movimiento le siguieron varias donaciones de los padres a sus hijos y que desembocó en la perdida de patrimonio de los padres de Ayuso. Tras esas donaciones, Infortécnica SL, según la querella, no cumplió con el primer pago del préstamo de 400.000 euros y que posteriormente no cumplió ninguna de las obligaciones de pago contraídas.
Pero el alto tribunal indica que no hay pruebas suficientes contra la aforada. Apunta también que los detalles relatados no son susceptibles de precepto penal. Por lo tanto, desde el Tribunal Supremo no ven necesidad de abrir investigación. Justifican esta decisión en la falta de pruebas objetivas y racionales.
El alzamiento de bienes
Para considerarse alzamiento de bienes el autor o participe debe conocer la deuda y ser consciente de la ocultación de bienes. El Tribunal Supremo indica que Ayuso no era socia de MC Infortécnica, no intervino en la operación de crédito, no era avalista y no hay pruebas que demuestren que colaboro con los demás querellados para evitar el pago de la deuda.
Por ello, y de acuerdo con el informe de la Fiscalía, el Supremo procede a la inadmisión de la querella y al archivo de las actuaciones, «sin perjuicio de lo que proceda en su momento, si iniciada la investigación en relación con los demás querellados no aforados, resultaran indicios consistentes de responsabilidad criminal contra la persona aforada».
La querella va dirigida contra nueve personas, entre ellas la presidenta regional, su hermano y su madre por un delito de alzamiento de bienes. Un delito que acarrea penas de hasta seis años de prisión y multa de 12 a 24 meses. ALA sostenía que Díaz Ayuso «actuó de manera activa» para la obtención de información «privilegiada y confidencial».
Ya en el pasado, Más Madrid interpuso una denuncia ante las sospechas de irregularidades en la concesión del crédito. En noviembre de 2019, la Fiscalía Anticorrupción acordó el archivo de la denuncia que interpuso Más Madrid. No apreció indicios de delito para investigar las sospechas por un posible alzamiento de bienes, administración desleal o por tráfico de influencias.
El caso sobre las presuntas irregularidades en las operaciones de préstamo realizadas por Avalmadrid llegó también a la Asamblea de Madrid en una comisión de investigación registrada por el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. La comisión concluyó que hubo «irregularidades» en el préstamo que la entidad concedió en 2011 a MC Infortécnica.
