El Ayuntamiento de Madrid ha retirado la acusación en el juicio contra los responsables de la presunta venta irregular de EMVS.
Desde el Ayuntamiento de Madrid se ha decidido retirar la acusación contra la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Se acusaba de vender de forma irregular 1.860 VPO al fondo de inversión Blackstone. Se considera que no existe responsabilidad penal sobre las dos únicas personas que se sientan en el banquillo.
El juicio contra el exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé y el apoderado de Fidere Alfonso Benavides ha entrado este lunes en su recta final con la exposición de los informes finales. Está previsto que la vista oral quede este lunes vista para sentencia con la última palabra de los encausados.
El fiscal Salvador Ortolá ha solicitado la absolución de Oslé y Benavides. Acusa a afectados y PSOE de judicializar un tema político. «Aquí no se está juzgando ni al Ayuntamiento ni a la alcaldesa. No es un juicio político. Hay que dejar fuera las proclamas y soflamas políticas. Se está hablando del sexo de los ángeles y de espiritualidad. Estamos perdiendo el tiempo», ha reprochado el representante del Ministerio Fiscal, quien ha hecho una defensa férrea del exCEO de la EMVS al querer solo «salvar una empresa»
Según el abogado de la EMVS, las viviendas no se enajenaban, sino que se trataba de un negocio. Además, sostiene que el valor de la tasación que realizó la consultora Price Waterhouse era correcto. La mayoría de las ofertas oscilaban entre una horquilla de 117 y 135 millones de euros.
Los afectados siguen pidiendo condenas
La Asociación de Afectados por la Venta de la EMVS ha mantenido su solicitud de penas de hasta ocho años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude. Consideran que hubo «un claro menoscabo» de intereses a terceros y que el fin social de la EMVS quedó cerciorado.
El PSOE, a través de sus letrados, rebajó las penas, pero aumentó la petición de indemnizaciones. En concreto, solicita: doce años de cárcel para Oslé por fraude, malversación y prevaricación; y un año de prisión para Benavides por fraude.
Sostiene la parte socialista que se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar. Además, creen que no existió una real concurrencia de los eventuales compradores debido a la información privilegiada que tuvieron las compañías.
