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El Ejército rectifica y permitirá el acceso a los archivos de la Guerra Civil

El Ejército de Tierra ha rectificado en su decisión de impedir el acceso de investigadores a los documentos históricos que tuvieran el sello de secreto o confidencial, sin importar su antigüedad u origen.

Esta medida polémica, que se aplicaba desde principio de abril, había provocado indignación entre archiveros e historiadores y afectaba especialmente al Archivo General Militar de Ávila, organismo de referencia para el estudio de la Guerra Civil española.

Estos archivos contienen toda la documentación clasificada con marcas de ‘secreto’ o ‘reservado’ anterior a la Ley de Secretos Oficiales de 1968, según explicaba IU este miércoles en una nota de prensa.

La formación verde criticaba esta “involución en la transparencia” puesta en marcha por el Estado Mayor del Ejército, con la “colaboración necesaria” del Ministerio de Defensa.

Por su parte, el Ejército de Tierra ha asegurado en una nota de prensa difundida esta tarde que “desde el Estado Mayor se van a dar instrucciones oportunas al Instituto de Historia y Cultura Militar para subsanar” la situación creada por la orden restrictiva.

“En consecuencia, los fondos documentales seguirán disponibles para su consulta en las mismas condiciones” han añadido. Además, el Ejército de Tierra ha pedido disculpas al señalar que “lamenta los inconvenientes que esta decisión haya podido causar en el ámbito de la investigación histórica”.

Asimismo, el escrito explica que la orden de que todo informe clasificado debía ser apartado del acceso de los investigadores fue una “decisión de carácter técnico” adoptada en 2016. La misma se llevó a cabo, aseguran, ante la consulta que se hizo con motivo de la incorporación al Archivo General Militar de un fondo que abarcaba documentación anterior y posterior a 1968.

Una fecha en la que entraba en vigor la todavía vigente Ley de Secretos Oficiales y que “dada su complejidad, no hacía fácil individualizar los documentos”.

“Por una interpretación extensiva de la normativa sobre información clasificada, esta decisión [considerar secretos documentos anteriores a 1968] se aplicó al resto de los fondos documentales” que custodia el Ejército, lo que supuso vetar a los investigadores el acceso a documentos que durante décadas se llevaba consultando.

 

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