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El Gobierno prepara una ley mediante la que podrá enviar mensajes de emergencia a la ciudadanía a través de WhatsApp

El ejecutivo ha incluido esta reforma en el Anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones

El Gobierno de Pedro Sánchez está abriendo las puertas en este Anteproyecto de ley a las redes sociales y aplicaciones de mensajería. Hasta ahora, esta tarea era misión de las grandes compañías telefónicas como Movistar o Vodafone. Algunas de las redes sociales que se incluirían serían las populares WhatsApp, Telegram o Gmail.

Este cambio tiene la finalidad de enviar alertas a la ciudadanía en caso de emergencias; como, por ejemplo, “temas de seguridad pública, orden público o seguridad nacional” (alzamientos, manifestaciones, inundaciones…).

Desde el Gobierno afirman que está pensado para avisar a la población en caso de grandes catástrofes como, por ejemplo, una nube tóxica provocada por un incendio en una fábrica.

La entrada de este tipo de avisos mediante los que se precisa una conexión a internet, no excluiría a otro tipo de comunicaciones como son los tradicionales SMS, ya utilizados alguna vez en este tipo de casos.

Para que esta ley llega a materializarse, aparte de todos los trámites ministeriales y parlamentarios, hace falta la aprobación del BEREC (el organismo regulador europeo de comunicaciones electrónicas) y que este establezca una seguridad y efectividad para el envío de este tipo de notificaciones.

Esta nueva ley no está exenta de polémicas. Muchos han sido los que han propagado bulos afirmando que el Gobierno podrá leer nuestros mensajes y obtener información de nuestros terminales. Afirmación que es totalmente falsa, debido a que este tipo de aplicaciones tienen un cifrado de extremo a extremo.

El abogado e ingeniero en Telecomunicaciones, Sergio Carrasco, afirma en COPE: “ni WhatsApp puede tener acceso a dichos mensajes. Los mensajes se cifran punto por punto. Es decir, únicamente el origen y el destinatario pueden leer el mensaje y no es el objetivo de esta norma”. Además, en este hipotético caso, el Gobierno se enfrentaría a un problema jurídico ya que esto está prohibido, excepto mediante una orden judicial en casos concretos.

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