Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, defiende que, tras la experiencia del proceso independentista en Cataluña en 2017, la reforma del Código Penal debe reforzar el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.
Así lo defiende Campo para Europa Press al ser preguntado por cuándo y en qué va a consistir la reforma del Código Penal. El ministro señala que aunque el plazo prevista para presentar el anteproyecto era a finales de este año, no se sentirá «en absoluto incumplido» si éste se expone más tarde.
En este sentido, explica que hay que hacer una «reflexión serena» sobre el delito de sedición y rebelión, ya que hechos como la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas, condenados a entre nueve y 13 años de prisión por malversación y sedición, y el rechazo de distintos tribunales europeos a entregar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y algunos de sus exconsejeros huidos de la Justicia para que puedan ser juzgados por el ‘procés’, «nos han abierto los ojos».
Carencia de protección
Campo destaca que en el marco de esta reforma se ha podido ver que hay «otras cuestiones» que también deben analizar cómo falta de protección al Tribunal Constitucional. «Es una de las carencias que veo particularmente», admite, al mismo tiempo que asegura que el nuevo Código Penal reforzará el delito de desobediencia al tribunal de garantías, aunque no precisa cómo quedará contemplado dicho castigo en el texto.
«Le dimos unos cometidos al Tribunal Constitucional pero no hemos establecido cómo se castiga al que incumple lo que diga el tribunal», dice el ministro. Cabe recordar que los líderes independentistas desobedecieron las resoluciones del Tribunal Constitucional que declaró ilegal el referéndum del 1 de octubre de 2017.
Adaptación a los códigos penales europeos
El titular de Justicia destaca que la modificación del delito de sedición y rebelión se adaptará a lo regulado en otros códigos penales europeos como el francés, alemán, italiano o portugués. «Ahora nos ha puesto la realidad de golpe frente a ellos y somos conscientes de que hay que hacer una revisión».
Al preguntarle si una posible rebaja de las condenas previstas para estos delitos supondría «dejar indefenso al Estado», Campo asegura que ello solo podría ocurrir si se produjera la «destipificación», lo cual niega. «Son conductas muy graves y siempre va a haber respuesta jurídica», añade.
En cualquier caso, apunta que el Gobierno «abre el debate» al respecto y las cámaras parlamentarias son las que finalmente aprobarán el texto que recogerá dichos castigos. Aún así, recuerda que se trata de «ajustar esas conductas muy graves a la proporcionalidad, no solo al resto del Código Penal, sino al resto de ordenamientos jurídicos en los que nos movemos como referencia», los cuales, indica, son «unánimes y no señalan 13 años de cárcel».
En el caso de que se aprobará la rebaja de las penas fijadas para la sedición y la rebelión, el ministro plantea que Puigdemont, reclamado por el primer delito, podría beneficiarse de esta reforma en caso de que fuera entregado a la justicia española y de cara a una eventual sentencia condenatoria.
«La Constitución establece que si hay una resolución, una modificación legislativa que tiene mayor gravedad no se aplica a nadie, porque los hechos hay que enjuiciarlos conforme al Código que estaba vigente, pero es justo lo contrario cuando es mas beneficiosa. Por tanto si hubiera una adecuación a las penas del Código francés, alemán, italiano o portugués pues evidentemente el Supremo tendría que entrar a valorar si es revisable la sentencia» explica.
Indultos a los condenados por el ‘procés’
Sobre los indultos de los condenados por el ‘procés’, Campo puntualiza que el Ministerio de Justicia es un «mero impulsor» y por ello los ha «tramitado» y remitido al Tribunal Supremo. Sin embargo, aunque considera que su puesta en marca «no debería ser un hecho relevante para ponerlo en comunicación del Congreso de los Diputados», afirma que decidió informar el pasado 23 de septiembre a la Cámara Baja del inicio de dicho trámite «dada la trascendencia social».
El ministro no adelanta ninguna posición sobre los indultos a los líderes del ‘procés’, ni siquiera si el Gobierno actuará en favor o en contra de lo que diga el Tribunal Supremo en su informe, y llama a la espera a «cuando llegue ese momento».
Así, recalca que su departamento valorará «individualmente» cada uno de los casos «si son acreedores del derecho de gracia» y que elevará al Consejo de Ministros los respectivos acuerdos.
«No me voy a pronunciar jamás sobre un procedimiento judicial. El ministro es el último que debe valorar», añade. Tampoco se ha pronunciado sobre cómo justificaría un indulto al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación: «si se lo contara, estaría contraviniendo mi propia argumentación».
