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Uno de los policías implica a Rajoy y Fernández Diaz en la guerra sucia contra Podemos

Imagen: twitter de Jorge Fernandez Díaz.

La cúpula del ministerio del Interior del PP durante el mandato de Mariano Rajoy, recompensó a un venezolano que suministró supuestamente información contra Pablo Iglesias y su formación.

El viaje a Nueva York en abril de 2016 del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago para recabar datos contra Podemos fue, según documentos aportados a la comisión de investigación del Congreso y a los que ha tenido acceso El País, costeado con dinero público.

La brigada política de Interior se volcó para recoger testimonios contra Podemos de disidentes del chavismo y en el marco de esas maniobras contó con la colaboración de Rafael Isea, ex ministro de Finanzas de Hugo Chávez. Isea se citó con tres agentes de la Policía Nacional en Nueva York para avalar la autenticidad de un documento sobre un supuesto pago en 2008 de 7,1 millones de euros de Venezuela a la Fundación CEPS, vinculada a los inicios de Podemos.

Una grabación difundida este miércoles,  reveló que, en ese desplazamiento, el agente (presunto integrante de la policía patrótica e imputado en el caso Villarejo), ofreció por «mandato» del entonces ministro de interiores, Jorge Fernández Díaz (PP), protección a un exdirigente venezolano si facilitaba datos contra el líder de la formación morada. Fuentes fiscales aseguran que Interior buscó el aval de la Audiencia Nacional, pero se le negó.

Estas informaciones señalan al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a su ministro del Interior, como las personas que ordenaron de forma directa el espionaje a Podemos, según se recoge en los audios publicados este miércoles por Moncloa.com y El Confidencial.

En la grabación el inspector Fuentes Gago, aseguraba que tenía un «mandato» del presidente y del ministro del Interior para llevar a cabo esa operación. El intercambio incluía la oferta de protección del exdirigente venezolano y su familia a cambio de información sobre operaciones económicas entre Venezuela y el partido de Pablo Iglesias.

Tras conocerse el contenido de la grabación, el equipo de Interior de Fernández Díaz distribuyó un argumentario en el que aseguraba que aquel viaje se hizo «con conocimiento previo de la Fiscalía» y que una copia del acta fue entregada a la misma. Fuentes fiscales afirman que Gago y otro policía acudieron a la Audiencia Nacional con el Informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima) y que, tras comprobar que no tenía fundamento, se les dijo que no se abrían diligencias de investigación. El entonces fiscal jefe, Javier Zaragoza, se negó a que un miembro del ministerio público viajara con los policías. «Si ellos querían viajar, la Fiscalía no era nadie para autorizar ni prohibir el viaje, pero la Fiscalía no avaló ese traslado ni ninguna diligencia referida al Informe PISA», afirman fuentes fiscales.

También el excomisario apuntó a que la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, era conocedora de la investigación policial a Podemos. Villarejo afirmó que a la exvicepresidenta le parecía bien el auge de Podemos porque perjudicaba al PSOE, pero también le preocupaba. Desde el entorno de la exvicepresidenta, consideran “falso, y que forma parte de la estrategia” de Villarejo “para salir de la cárcel”.

Las filtraciones a medios de comunicación

Podemos, que ejerce la acusación popular en el caso Villarejo, aportó en octubre de 2018 una documentación que demostraría que fue el número dos de Fernández Díaz el que firmó la residencia al venezolano Carlos Alberto Arias.

Presentó un escrito en el que planteaba al juez la «posible existencia de una ramificación periodística de la organización delictiva», a la vista de la filtración en medios de material del comisario que aún no se había catalogado en la instrucción y solicitaba una batería de diligencias sobre las «intoxicaciones» informativas que consideraba podían estar orquestadas desde el entorno de Villarejo.

Iglesias insiste en la tesis de la triple rama de una operación corrupta contra Podemos, en la que asegura, estarían implicados políticos del Partido Popular, policías corruptos y medios de comunicación.

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