Unidas Podemos ha presentado una proposición no de ley con fin de que «se permita a las administraciones públicas abordar la crisis económica y social» fruto del COVID-19, en la que se pide eliminar cualquier traba para que los gobiernos puedan llevar a cabo los gastos sociales necesarios.
La crisis sanitaria lleva consigo importantes consecuencias económicas que sufrirán tanto empresas como ciudadanos. Desde Unidas Podemos se ha insistido en comparar la forma de abordar la crisis en 2008 y sus respectivos recortes, con otra forma diferente que es aumentando el gasto en servicios públicos y en «rescatar a las personas» y no a los bancos. Por ello, y como medida de flexibilidad ante el gasto, el grupo de Unidas Podemos ha propuesto al Ministerio de Hacienda y a la Secretaría de Financiación Autonómica y Local que se suspendan aquellas medidas coercitivas derivadas de la conocida Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, más conocida como «Ley Montoro», de modo que no se aplique la Ley del Gasto y de esta manera poder llevar a cabo los gastos necesarios.
Como solución, desde Unidas Podemos se ha planteado que para sufragar los gastos se utilice el superávit de 2019. A ello se ha referido la mañana de este jueves el portavoz sustituto de En Comú Podem, Joan Mena, afirmando que “es ineficaz que en estos momentos el dinero público esté paralizado en los bancos cuando tan necesario es invertirlo en las personas”, denunciando que una situación en la que por una parte los bancos pretendan cobrar intereses y por otro lado, se tenga que mantener ese dinero acumulado por la regla de gasto que no permite utilizarlo.
En dicha proposición se ha incluido la posibilidad de superar el límite salarial “para la contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales gestionados directamente por las entidades locales”, así como “un fondo de compensación con dotación suficiente que venga a paliar la notoria pérdida de ingresos que van a sufrir las corporaciones locales, principalmente en los conceptos de tasas y precios públicos”.
En caso de quedar aprobada, dicha proposición no de ley será comunicada por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas y ayuntamientos.
