Los procesos electorales generales, autonómicos, locales, aunque en la distancia, también los europeos están poniendo patas arriba el panorama político español que amenaza con hundirlo, tras los toques recibidos a lo largo de estos años. Han tenido como protagonistas la moción de censura a Mariano Rajoy el pasado mes de junio, la irrupción de la extrema derecha (VOX) en las cámaras legislativas (Parlamento de Andalucía y Senado) o el interminable procés catalán, en las portadas de todos los medios de comunicación desde hace semanas a raíz del comienzo del proceso judicial a los líderes del movimiento.
No termina uno y comienza el otro. Trabajo no parece que vaya a faltar a nuestra clase política, centrada en los mítines y en convencer, a cualquier precio, con mentiras y falsedades de por medio, tomando los titulares de las principales cabeceras mediáticas del país a un electorado cada vez más confundido y hastiado del comportamiento de sus representantes.
A lo largo de esta última semana, los medios se hacían eco de la sentencia impuesta por la Junta Electoral Central, órgano dirigido por Carlos Granados, dependiente de la Administración Electoral de España, de las Juntas Electorales Provinciales y las Electorales de Zona, así como las Autonómicas cuya finalidad principal es la de “garantizar la transparencia del proceso electoral y supervisar la actuación de la Oficina del Censo Electoral” se rige por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio.
Lazos y esteladas
Esta decisión instaba al president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra a retirar los lazos amarillos, así como las esteladas de cualquier fachada de todos los edificios públicos sobre los que tenga competencia el órgano autonómico.
La decisión se basa en la interpretación que hacen los juristas en cuando a considerar a los lazos amarillos y las esteladas como símbolos partidistas, utilizados por partidos políticos que concurren a las elecciones (en este caso a las generales y las europeas, ya que las catalanas no se celebran en las mismas fechas como son ERC o JxCat) y que pueden orientar el voto en los próximos comicios ya comentados.
Esta decisión parte del previo recurso interpuesto por Ciudadanos. La formación política que dirige Albert Rivera denunciaba que se querellaban “contra las acciones y omisiones del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, ante la exhibición de símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos”.
Ahora queda la pelota en el tejado de Torra, ya que tiene dos meses desde la firmeza de la sentencia para recurrir el auto, pese a haber confirmado ya, que los lazos amarillos seguirán colgando de las fachadas de todos los edificios dependientes de la Generalitat de Catalunya. A título personal, y como máximo dirigente del órgano, Torra se enfrenta a una pena por multa que alcanzaría la cifra de los 3.000€ por su condición de funcionario público.
No obstante, la decisión del president no se sustenta sobre ningún derecho fundamental recogido en la Constitución Española de 1978, máxima ley a respetar en el estado español, ya que el derecho que neutralidad en los procesos electorales de las instituciones públicas debería, en este caso concreto, de estar por encima de la libertad de elección política con la que contamos los ciudadanos españoles en nuestro sistema democrático.
No todos se pueden identificar
No me refiero tanto a la libertad, a título privado, que tiene Quim Torra, sino a que esta decisión tomada por el Govern afecta a cerca de los 7 millones de ciudadanos catalanes que pueden no verse representados por la institución que debería, en todo momento, velar por el mantenimiento de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía catalana, sean o no independentistas, o comulguen o no con las ideas polarizadas que, cada vez más, están tomando las riendas de las decisiones de los órganos ejecutivos, no solo autonómico sino también central.
La terquedad de Torra, así como el sistema partidista que está tomando el protagonismo en Catalunya no solo tiene efectos en el territorio autonómico, sino que toda España está pendiente de ellos, toda España se puede ver afectada por las posiciones adquiridas por todos estos dirigentes mencionados.
No tanto podríamos hacer referencia a efectos positivos que esta situación pueda conllevar para la política española, de los que dudo que exista alguno. Más concretamente podríamos hablar de los negativos como, por ejemplo, el extremismo ideológico al que algunas fuerzas políticas se han acercado como es el caso del PP o Ciudadanos y la aparición en encuestas electorales de la extrema derecha de VOX a la que se debería hacer frente en conjunto y no tomar consideración, especialmente, teniendo como antecedentes los comicios celebrados a lo largo y ancho del continente europeo como ha sucedido en Alemania o en Austria y, sin ir más lejos, el Brexit, puede ser considerado también una consecuencia, cuanto menos desastrosa, como ya se está demostrando, de la contraposición de las opiniones imperantes en la política no solo nacional sino también internacional.
Más que tropiezos
Ya se sabe aquella máxima que dice que el ser humano es la única especie animal que se tropieza dos veces con la misma piedra y no falta razón. Sin embargo, esperemos que esta piedra podamos sortearla y llegar al final del camino de la manera más afable posible para todos, independentistas o no independentistas, catalanes o extremeños ya que todos nos dirigimos a un futuro común en este mundo globalizado, le pese a quien le pese.
