El juez ha decidido mantener al partido como imputado por presuntas financiaciones irregulares, sin embargo ha archivado la investigación sobre las obras de la nueva sede de Podemos.
Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 y juez encargado del «caso Neurona», ha mantenido la condición de imputado del partido, rechazando las solicitudes de la formación morada que afirmaban que «no existen indicios de financiación irregular» y en cualquier caso, no procedería la imputación por delito electoral al tratarse de una persona jurídica.
Escalonilla ha afirmado que «existen indicios de la distracción de dinero de la cuenta electoral designada por dicho partido político para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 para un fin distinto al propio de dicha cuenta electoral, que era el pago de los gastos electorales». El punto de mira del juez se centra en la relación de Podemos con la sociedad ‘Neurona Consulting’, por la supuesta simulación de contratos que podría haber ayudado a la financiación de este partido.
Además, ha afirmado que Podemos podría ser responsable penal, ya que confirma que su programa de Cumplimiento Normativo, que podría determinar la responsabilidad penal de los cargos ejecutivos, no resultó «eficaz» en cuanto a la ejecución de hechos delictivos.
De esta manera, ha seguido la posición establecida por la Fiscalía de Madrid, quien reiteró en un informe de diciembre sus argumentos en relación a una solicitud de Podemos, similar a la actual, afirmando que continúan sin ver indicios de delitos de financiación irregular en sus contratos con ‘Neurona’, sin embargo insistió al juez en mantener su imputación al considerarlo «más garantista».
Al mismo tiempo, ha acordado el sobreseimiento sobre las obras de la nueva sede de Podemos, situada en la calle Villaespesa nº 8 de Madrid, tras la denuncia del exabogado Jose Manuel Calvente, al «no estar acreditado que se produjera una distracción del dinero destinado a la rehabilitación de la sede». Este asunto se centraba en la diferencia entre el precio de licitación, 649.000 euros y el precio de adjudicación, más de 1,3 millones de euros.
El juez ha concluido que esta diferencia de precio se debe a «una valoración de las obras en el proyecto básico y en el proyecto de Ejecución no conforme con el valor de mercado”.
