El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 para combatir la precariedad laboral y las altas cifras de paro juvenil que el colectivo lleva arrastrando desde la crisis económica. El plan está compuesto por 50 medidas estructuradas en seis ejes
Entre las 50 medidas que se llevarán a cabo proponen la creación de 2,9 millones de contratos indefinidos y una reducción de la tasa de paro juvenil de 10 puntos tras sus tres años en vigor. Esta reducción supone recuperar a casi 170.000 jóvenes desempleados menores de 25 años. Los objetivos de este plan de choque son, entre otros, establecer un marco laboral que mejore la actual calidad de trabajo, proporcionar una atención adecuada e individualizada, dotar a los trabajadores de una formación específica en igualdad de género y combatir el desánimo.
Otras metas a conseguir pasan por una disminución del 20% de la actual brecha de género entre hombre y mujeres y el incremento de la tasa de actividad hasta el 73,5% en la franja de 20 a 29 años de edad. Para conseguir este aumento se ha de elevar la tasa de actividad masculina un punto y la femenina al menos tres puntos. A su vez, las contrataciones indefinidas a los jóvenes deben aumentar un 15% cada año para llegar a los 2,9 millones de contratos estables cuando finalice la medida, y conseguir que al menos un 43% de las personas jóvenes desempleadas y que no dispongan de titulación en Educación Secundaria Obligatoria adquieran mediante programas deformación las competencias clave en Lengua y Matemáticas.
El plan ha sido presentado este viernes por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio en el Consejo de Ministros. La ministra informó de que el plan estará financiado con 2.000 millones de euros para los próximos tres años (670 millones en 2019, 667 millones en 2020 y 663 millones en 2021) procedentes de cuotas de formación y de fondos europeos y de la Garantía Juvenil.
Valerio ha asegurado que la situación de los jóvenes en España demanda la aprobación de este plan, que lo ha definido como “ambicioso” y “muy participativo” debido a la cooperación con otros Ministerios, agentes sociales y diversas instituciones y organizaciones juveniles. Así como ha recordado que de los 2,7 millones de jóvenes afiliados a la Seguridad Social, el 78% trabaja en el sector servicios,y su tasa de estabilidad es tan sólo del 8,19%. Actualmente hay 569.000 jóvenes desempleados, delos cuales 87.000 son de larga duración, y de éstos el 72,98% tiene un bajo nivel formativo.
3.000 nuevos orientadores
El Plan de Choque de Empleo Joven 2019-2021 incluye la creación de una red de 3.000 orientadores en los servicios públicos de empleo por un máximo de 18 meses y cuyo perfil profesional será acordado en la primera Conferencia Sectorial que se llevará a cabo tras la aprobación del plan. Estos funcionarios ofrecerán atención individualizada a los jóvenes y diseñarán sus itinerarios de inserción.
Junto a los orientadores, se dará ayuda a la red de Servicios de Información Juvenil (SIJ) con la incorporación de 110 mediadores juveniles que,a través de la cooperación con los servicios de empleos autonómicos, informaran a los jóvenes de las diversas medidas y servicios que ofrecen las oficinas públicas de empleo y otros agentes del mercado laboral.
Plan de repatriación
Otros de los puntos tratados es la recuperación de los jóvenes que emigraron durante el periodo de crisis. El camino para retomarlos es la emisión de ayudas a la reincorporación al mercado laboral, subvenciones al autoempleo e incentivos para las empresas. A su vez, emiten ayudas al alquiler para costear la vuelta al país.
Limitaciones a la contratación temporal
Una de las medidas tomadas es la de establecer un control de la contratación temporal para evitar el abuso, limitando la duración de los contratos. A su vez, el plan quiere llevar a cabo una evaluación y revisión delos actuales incentivos de contratación y al emprendimiento para suprimir los ineficaces y diseñar incentivos nuevos.
Otra medida de este plan es la recuperación de la cotización por desempleo en los contratos de formación realizados al amparo de programas mixtos de empleo y formación.
