Las penas impuestas por el Tribunal Supremo condenan al exvicepresidente de la Generalitat, Romeva, Rull, Forn; Forcadell, Turull, Bassa, sánchez y Cuixart e inhabilita por desobediencia a los tres acusado en libertad, a pesar de estar condenados a pagar multas durante 10 meses y un año y seis meses de inhabilitación.
Los cargos que se le imputan van desde la sedición y malversación (Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa), únicamente sedición (Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell y los conocimos como “los Jordis”) o sólo desobediencia (Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó). El Tribunal ha denegado la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal para que éstos solo puedan acceder a un tercer grado penitenciario tras haber cumplido al menos la mitad de su condena en prisión. Junqueras, líder de ERC, ha recibido la pena más alta: 13 años de prisión por sedición y malversación de caudales públicos.
La famosa sentencia cuenta con 493 folios, exponiendo que los magistrados no consideran los actos del 1 de octubre como un acto de rebelión, el más grave que pedía la Fiscalía, sino como sedición tal y cómo pedía la Abogacía del Estado. Lo toman en cuenta la violencia ejercida en el 1-O y el 20-S de 2017 describiéndolos como “indiscutibles episodios de violencia”, aunque tampoco es suficiente, según dicen, para la rebelión: “La violencia tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes”, señalaba la Sala. «Es violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima o un escenario en que se haga más viable una ulterior negociación», afirma el Tribunal.
En cuenta al tema referéndum, los magistrados afirman que pese al «despliegue retórico» de los acusados, «es lo cierto que, desde la perspectiva de hecho, la inviabilidad de los actos concebidos para hacer realidad la prometida independencia era manifiesta». Y es así porque «el Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza, militar, policial, jurisdiccional e incluso social. Y lo mantuvo convirtiendo el eventual propósito independentista en una mera quimera».
La sentencia, internacional
La sentencia aviva y reabre la euroorden contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsejeros de su Govern que también se fugaron de la justicia española. El juez Pablo Llarena es llamado a reactivar las euroórdenes para sentar a los fugados antes la justicia española. El juez habría de valorar si emitir una orden general europea o una específica a cada país donde se instalaron los fugados: Puigdemont, Toni Comin, Meritxell Serret y Lluís Puig están Bélgica, y Clara Ponsati en Escocia.
