La constructora Hispano Almería realizó pagos de más de siete millones de euros a miembros del Partido Popular de Almería.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha emitido un informe al Juzgado de Instrucción número 3 de Almería en el que consta la existencia de aportaciones al Ayuntamiento de Roquetas de Mar no vinculados a la ejecución de las obras que el propio consistorio adjudicó a la constructora Hispano Almería. En los recibís aportados a la investigación figuran conceptos como «Campaña electoral Roquetas de Mar» o «Campaña municipal – Diputación».
Junto a la cantidad de 36.000 euros ligados a la campaña electoral del Partido Popular de Almería en 2003, están reflejados otros 18.000 de parte de la Diputación provincial para el mismo fin. Para las elecciones de 2008 también fueron aportados 25.000 euros al mismo grupo político de la ciudad de Níjar.
El valor de las actuaciones que ejecutó la compañía Hispano Almería entre 2000 y 2010 asciende a 77 millones de euros. 62 obras fueron concedidas a la empresa, en cuyos expedientes falta documentación que justifique dicha concesión. La Policía subraya la existencia de sobrecostes del 20% que tampoco cuentan con una base documental que las respalden. Constan también discrepancias en las fechas de recepción y finalización de las obras, así como en los plazos de ejecución menores y en la puntuación de los técnicos a las distintas empresas que presentaron sus proyectos al consistorio. La unidad policial confirma así la existencia de una contabilidad B utilizada para gratificar «una concesión de adjudicaciones irregulares».
Los recibís asociados a las 62 operaciones dirigen 5.441.418 euros a, presuntamente, figuras políticas bajo el concepto de «POL». Junto a ello, la UNEF reporta que tres técnicos encargados de certificar la adecuación de los proyectos percibieron casi 2 millones de euros por la «Dirección de obra». En total, 7,3 millones de euros fueron destinados durante esos años a las campañas electorales y a miembros de la formación.
La investigación policial se remonta a 2014, cuando la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia denunció ante la Fiscalía supuestas relaciones entre la dirección de la empresa de construcción y cargos políticos y técnicos de la Administración pública.
El PSOE andaluz ya ha pedido explicaciones a la formación, mientras que el PP recuerda que Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar desde 1995, no está imputado en ningún proceso judicial.
