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La gestión del gobierno andaluz frente a la pandemia

En torno al 65% de los andaluces dice tener poca o ninguna confianza en el Gobierno central frente al 72,4% que tiene mucha o alguna confianza en la Junta.

Desde que comenzó la pandemia, las discrepancias entre el propio Gobierno central han sido evidentes. Si algo caracteriza a este Gobierno de coalición es su transparencia a la hora de hacer públicas las diferencias que sufren desde su mandato.

La pandemia agrava cualquier déficit que hay en España; a nivel administrativo, burocrático o democrático. El sistema sanitario español se ha visto tumbado por una crisis que desde hace ya se venía cultivando. Unas circunstancias que han expuesto y situado en el punto de mira lo que ya se sabía: la precariedad del sistema sanitario español.

Sin embargo, las discrepancias en el propio gobierno no es el único hándicap en el último año. La descentralización del Estado ha hecho necesaria una coordinación entre las comunidades y el Gobierno central que hasta ahora permanecía en segundo plano.

La lupa en este caso la pondremos en una comunidad en concreto: Andalucía. Desde enero de 2019, el territorio andaluz es gobernado por el primer presidente no socialista de la Junta, Juanma Moreno (PP)en coalición con Ciudadanos y con el apoyo parlamentario de VOX..

Desde que el presidente Pedro Sánchez anunciase el “cese” de la gestión de la pandemia a las diferentes autonomías, son muchas las discrepancias que han surgido entre los gobiernos.

Si bien la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García Martín, declaró el pasado domingo en una entrevista a ABC que “El Gobierno de Pedro Sánchez está siendo leal con los andaluces y andaluzas”, hay opiniones de todo tipo.

El Comité de Expertos para la pandemia de coronavirus

En Andalucía hay un Comité de Expertos, externos e independientes a la Junta, que se encarga de la gestión de la crisis sanitaria en la comunidad. Creado el 27 de enero de 2020, el jefe del Ejecutivo, Juanma Moreno, presume de su prevención ya un mes antes del primer caso de COVID-19 en la comunidad.

El pasado mes de octubre, el Comité de Expertos realizó un “chequeo” a la gestión de la pandemia en Andalucía. El resultado fue un informe con más de 200 propuestas de mejora para no caer en errores pasados. El grupo de 24 científicos, dirigido y coordinado por el catedrático en Medicina Preventiva y Salud Pública Joaquín Fernández-Crehuet, estableció 68 puntos fuertes y 158 debilidades.

Entre los diferentes puntos, defienden que “el sistema sanitario no se colapsó en ningún momento”  y el “adecuado dimensionamiento de los recursos hospitalarios”. En la cara adversa de la moneda, el informe habla de un “retraso” en la identificación y aislamiento de los casos COVID-19.

Este es uno de los aspectos más negativos de la gestión andaluza, causando una desorganización inminente en el control de los contagios. La Atención Primaria se ha convertido también en el foco de la polémica por la gran dificultad de acceso a la misma y el déficit de atención a los pacientes.

Discrepancias con el Gobierno central

Entre las medidas establecidas por la comunidad andaluza y permitidas por el gobierno central, una de las peticiones más exigidas fue la declaración del estado de alarma, aprobado el pasado 25 de octubre de 2020. El gobierno de Pedro Sánchez finalmente aceptó las peticiones de las diferentes comunidades, lo que amparó y permitió a la Junta de Andalucía el cierre perimetral de municipios y provincias y la imposición del toque de queda en todo el territorio.

A pesar del acuerdo al que llegaron entre los diferentes gobiernos, el gobierno andaluz ha seguido insistiendo en una cuestión que el gobierno socialista, hasta ahora, ha rechazado reiteradamente. Ya en la tercera ola, Juan Marín, vicepresidente de la Junta, pidió la posibilidad de un confinamiento domiciliario en algunos municipios y criticó al ministro de Sanidad, Salvador Illa, por negarlo y estar mirando “el calendario electoral en Cataluña”.

El gobierno andaluz también pidió adelantar el toque de queda a las 20:00 horas como “herramienta eficaz para frenar el virus junto con el confinamiento domiciliario”, propuesta que también fue rechazada por sanidad.

El presidente de la Junta de Andalucía compadece ante los medios para pedir adelantar el toque de queda.

En la encuesta publicada el pasado 3 de febrero por el Centro de Estudios Andaluces de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, el 93,5% de la población andaluza aprueba, total o parcialmente, las medidas anunciadas por la Junta de Andalucía. La gran mayoría (78,6%) está a favor del toque de queda a las 22:00 horas ante el 69,6% que considera que el Gobierno central debería ceder las competencias sobre confinamiento domiciliario a las autonomías.

Respecto al grado de confianza en las instituciones para solucionar los efectos de la crisis del coronavirus, en torno al 65% de los andaluces dice tener poca o ninguna confianza en el Gobierno central frente al 72,4% que tiene mucha o alguna confianza en la Junta de Andalucía.

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