La Fiscalía ha confirmado en la última de las vistas del ‘Caso máster’ que «la única beneficiaria» de dicha trama fue Cifuentes y la defensa lo rebate: «Había que lavar la cara a la universidad”.
Pilar Santos Echevarría, la fiscal del Caso Máster, ha concluido esta misma mañana, en definitiva, y mantenido la petición de 3 años y 3 meses de cárcel para Cristina Cifuentes, por inducir a la falsificación del acta de defensa del Trabajo de Fin de Máster a la Universidad Rey Juan Carlos. «La señora Cifuentes, por su cargo, no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le ofreciese una solución. Si la maquinaria se puso en marcha fue por estas presiones», lanzó en la sala la fiscal.
De tal manera, Santos Echevarría ha defendido que Rafael Van Grieken, consejero de Educación, y Maite Feito, la acusada y exasesora de éste, actuaron de forma inducida por Cifuentes, quien abuso de su cargo político —presidenta madrileña—, para salvar su carrera. «Por supuesto que la Señora Cifuentes no llamó, pero la única beneficiaria era ella y su carrera política», ha añadido la fiscal.
La representante del Ministerio Público expuso todas las falsedades de Cifuentes durante el juicio respecto a la supuesta defensa del TFM. Entre ellas, el papel de Maite Feito —quien mantenía una estrecha relación con la presidenta madrileña, debido a su cargo en la Consejería de Educación—, que ha quedado de sobra acreditado sobre el terreno la maniobra de la falsificación de dicho título.
El abogado de la URJC defendió, por su parte, que Cifuentes se aprovechó y trató de beneficiarse políticamente del acta del TFM. Asimismo, a juicio del letrado este hecho la hace culpable porque en la jurisprudencia establece que basta con que se beneficiara de esa falsificación a sabiendas de que lo era para que pueda ser condenada por ello.
Finalmente, si la la URJC había reclamado cuatro años de cárcel para Feito, por ser un elemento fundamental de presión sobre los profesores Pablo Chico y Cecilia Rosado, ha rebajado la petición de cuatro años a uno y medio, por confesar haber falsificado el acta y haber colaborado con los investigadores.
El juicio ha quedado visto para sentencia.
