Desde Bruselas han recordado al Ejecutivo el peligro existente en la reforma del Consejo General del Poder Judicial, ya que podría vulnerar las normas comunitarias.
Este proyecto, planteado en 2018 en Bruselas, busca la modificación del Consejo General del Poder Judicial y pretende la revisión del Estado de derecho en todos los Estados miembros de la Unión Europea.
A pesar de esto, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen exige a Pedro Sánchez que revise el procedimiento seguido para aprobar esa renovación ya que, de esta manera, la independencia judicial se ve amenazada.
Así pues, desde el Gobierno ha planteado una reforma que comprende la restricción de las funciones del Consejo una vez pasados los cinco años de mandato y una modificación en la forma de elección de los miembros del Consejo General, tras la negativa del PP ha renovarlo.
Por otra parte, la presidenta de la Comisión Europea también ha pedido la intervención de la Comisión de Venecia, órgano encargado del respeto de ese Estado de derecho en este tipo de reformas.
Con la actuación de esta Comisión se deja ver el estado de alarma existente en Bruselas tras la decisión tomada por Sánchez. Christian Wigand, portavoz del departamento de Justicia de la Comisión Europea, ha destacado la importancia de que los Estados miembros respeten las pautas marcadas por la Unión Europea. Así, se evita poner en riesgo la independencia judicial, como ya ha pasado en Hungría o Polonia.
La discrepancia interna
Esta falta de cohesión interna en el Gobierno tiene su origen dos semanas atrás. Entonces, Bruselas realizó el primer control a la calidad del Estado de derecho. El resultado evidenció una falta de consenso entre los miembros del CGPJ provocado por la carencia de la mayoría parlamentaria.
Desde la oposición, Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha publicado que hará todo lo posible para que los cambios previstos no vayan más allá. Además, ha recordado que su partido no se opuso en ningún momento a los acuerdos de los socialistas.