La Fiscalía y la Abogacía del Estado confirman sus peticiones de penas del procés.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado ya han fijado este miércoles las peticiones de penas para los acusados en el juicio por el procés y el determinante 1 de octubre. Para Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat de Catalunya y líder de ERC, la Fiscalía pide 25 años de prisión y 25 de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como promotor o jefe principal del 1-0 y la DUI (declaración unilateral de independencia) y otro delito de distracción ilegal de caudales públicos. Mientras, la Abogacía del Estado solicita el cumplimiento de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por sedición y malversación de caudales públicos.
Para Jordi Sànchez, expresidente de Asamblea Nacional Catalana, la Fiscalía pide 17 años de cárcel y 17 de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como promotor o jefe principal. La Abogacía del Estado, 8 años de prisión y 8 de inhabilitación absoluta por un delito de sedición.
La Fiscalía solicita para el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, 17 años de cárcel y 17 de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como promotor o jefe principal. La Abogacía del Estado pide 8 años de cárcel y 8 de inhabilitación absoluta por sedición.
La Fiscalía pide para Carme Forcadell, expresidenta del Parlament de Catalunya, 17 años de cárcel y 17 de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como promotor o jefe principal. Para una de las figuras clave del procés, la Abogacía del Estado reclama 10 años de prisión y 10 de inhabilitación por sedición.
La Fiscalía pide para el ‘exconseller de Presidència, Jordi Turull, 16 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como mando subalterno y otro delito de distracción ilegal de fondos públicos. La Abogacía del Estado unos 11 años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por sedición y malversación. La Fiscalía pide para el ‘exconseller’ de Exteriors, Raül Romeva, 16 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como mando subalterno y otro delito de distracción ilegal de fondos públicos. Por su parte, la Abogacía del Estado pide 11 años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por sedición y malversación. Mismas penas piden tanto Fiscalía como Abogacía del Estado para Joaquim Forn, excoseller de Interior, Josep Rull, exconseller de Territori, Dolors Bassa, exconsellera de Trabajo.
La Fiscalía rebaja la pena para Carles Mundó, exconseller de Justicia, Meritxell Borràs, exconsellera’ de Governació, y a Santi Vila, exconseller de Empresa, a 7 años de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Deberá pagar una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave cometido por una autoridad pública. La Abogacía del Estado pide 7 años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y multa de 10 meses con cuota de 100 euros diarios por desobediencia grave cometido por una autoridad pública.
Para Josep Lluís Trapero, exmajor de los Mossos, la pena pedida por Fiscalía es de 11 años de prisión y 11 años de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como mando subalterno. A Pere Soler, exdirector general de los Mossos, 11 años de prisión y 11 años de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como mando subalterno. Fiscalía solicita a César Puig, exsecretario general de Interior, 11 años de prisión y 11 años de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como mando subalterno. Para Teresa Laplana, exintendente de los Mossos, 4 años de prisión con inhabilitación especial para sufragio pasivo durante el mismo periodo y cinco años de inhabiltación especial para empleo público en el cuerpo de los Mossos.
Menores son las penas para Mireia Boya, exdiputada de la CUP, Lluís Corominas, exvicepresidente primero de la Mesa del Parlament, Lluís Guinó, sustituto de Corominas en la vicepresidencia, Anna Simó, exsecretaria primera de la Mesa, Ramona Barrufet, exsecretaria cuarta de la Mesa. Fiscalía pide una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave cometido por una autoridad pública. La Abogacía del Estado solicita una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y ocho meses.
A Joan Josep Nuet, exsecretario tercero de la Mesa, la Fiscalía pide un multa de 8 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y cuatro meses meses por un delito continuado de desobediencia grave cometido por una autoridad pública. La Abogacía del Estado reclama una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y ocho meses.
