Antonio Ramírez de Arellano es catedrático de Física de la Materia Condensada y licenciado en Economía por la Universidad de Sevilla, de la que fue rector. En la actualidad es consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
P: Numerosos medios de comunicación han asegurado que Susana Díaz adelantará la convocatoria de elecciones en Andalucía a noviembre. ¿Votarán los andaluces antes de acabar el año?
R: Esa cuestión está solo en la cabeza de la presidenta. Lo cierto es que, desde mi percepción, los que tienen mucha prisa en que se convoque elecciones son el resto de grupos políticos. Están a punto de sacar un cartel y pedirle a la presidenta que convoque elecciones. Yo estoy seguro que Susana Díaz lo hará cuando más le convenga a los andaluces.
P: Una de las razones para romper el pacto de legislatura según Ciudadanos era la negativa de Susana Díaz a eliminar los aforamientos. El gobierno socialista ha anunciado la reforma de los aforamientos a políticos. ¿Apoyan la medida del gobierno?
R: Claro. El Partido Socialista y la presidenta de Andalucía han expresado en muchas ocasiones que estamos en un momento en el que sería conveniente revisar los aforamientos en nuestro país. Lo que dice la presidenta, que comparto, es que eso ha de ser a nivel nacional, no regional. La iniciativa del presidente del Gobierno parece razonable. Tal y cómo la ha formulado solo afectaría a los aforamientos de la Constitución, no a otros. No está mal, pero hay que ir un poquito más lejos.
– ¿Cuánto más?
R: ¿Qué se hace con los parlamentos regionales? Lo cierto es que hay que hacer una reflexión. Vuelvo a insistir, no solamente los profesionales políticos están aforados en algunos casos, por ejemplo, los concejales no están aforados, ni los alcaldes. En fin, no son solo determinadas figuras políticas. La mayor parte de los aforados de nuestro país son Policía y jueces.
P: Tal y cómo indican varias encuestas el PSOE volvería a ganar las elecciones en Andalucía. Con la deriva a la derecha de Ciudadanos y el aumento de apoyos de Adelante Andalucía, la organización de Teresa Rodríguez; así como Podemos es el principal socio de gobierno de Pedro Sánchez, ¿Estaría más cerca Susana Díaz de pactar con Teresa Rodríguez que con Juan Marín?
R: El problema es que los pactos no solamente dependen de uno, sino de dos. Con independencia de las ideas, que son muy importantes, el acuerdo con Ciudadanos fue un acuerdo de investidura que se articuló a través de un conjunto concreto de medidas. No se puede anticipar con qué fuerza política se pactarán determinado tipo de medidas. La realidad es que en esta legislatura el socio de investidura se ha comportado de manera racional y leal con el pacto, igual que el gobierno de Andalucía ha procurado cumplir el pacto suscrito por el Partido Socialista y por Ciudadanos. El Partido Socialista no puede suscribir un pacto que vaya radicalmente en contra de sus ideas. El Partido Socialista aplica medidas socialdemócratas porque es la tradición metodológica para llevar a cabo las estrategias que están en el plano de las ideas. No parece razonablemente que el Partido Socialista pueda hacer un pacto de investidura con un partido de extrema derecha.
P: ¿Qué consecuencias podría tener la sentencia de los ERE en su partido, que gana una moción de censura con el deseo de limpiar de corrupción el Estado como bandera?
R: Es prematuro para hacer una valoración porque esta no se conoce, y además hay que tener respeto estricto al momento procesal en el que está. Tienen que pasar muchas cosas y cuándo se conozca la sentencia habrá que ver cuáles son sus consecuencias.
P: ¿Cómo podría afectar a Andalucía que no se puedan añadir esos 6000 millones de la senda de estabilidad en los Presupuestos?
R: Le afecta mucho. Hay varias cuestiones que también deben ir en los PGE. Se pretende que la Administración pueda tener más límite de gasto para realizar políticas públicas. En Andalucía tener mayor disponibilidad de gasto permitiría impulsar, consolidar, blindar las políticas educativas, de sanidad pública, las políticas sociales, las responsabilidades que tenemos de equilibrio territorial. Eso permitiría reforzarlas, pero no solo eso. Permitiría cambiar el Fondo de Compensación Intraterritorial para que regiones como Andalucía pudieran tener mayor disponibilidad para hacer mayores inversiones en infraestructuras en Andalucía. Permitiría modificar las inversiones regionalizables, que también son muy importantes para Andalucía porque permitiría que el gobierno se planteara cuestiones pendientes con las comunidades autónomas como en el caso de Andalucía. De tal manera que no solo los 6000 millones de la senda de déficit son importantes, son muy importantes los PGE de 2019 para permitir que el Gobierno pueda actuar impulsando el ciclo económico en un momento en el que la economía está teniendo un freno, en consecuencia, a la desaparición de los vientos de cola que han venido en los últimos años impulsando la situación.
P: La Junta tenía previsto la presentación de Presupuestos de 2018 en octubre, ¿Cuenta usted con la aprobación de los presupuestos generales y algunas de las medidas pactadas con Unidos Podemos, como la subida del IRPF a partir de los 140000 euros?
R: La Ley de Hacienda andaluza tiene prevista la presentación de Presupuestos en octubre. Pero la aprobación no depende de la Consejería. Es el Parlamento donde se aprueba, después de un largo proceso de debate. En este momento estamos trabajando con el horizonte del 31 de octubre, con lo cuál deberían estar aprobados la semana de antes en el Consejo de Gobierno. Ese es el panorama que tenemos. Esa es nuestra misión, que en este momento no es política, es técnica. Evidentemente, los Presupuestos tienen nuestras políticas como Gobierno. En el sentido de los grupos políticos, no estamos todavía en esa fase.
En cuento a los PSG, deberá responder, mi hasta hace poco colega, María Jesús Montero. Pedro Sánchez es consciente de las dificultades que tiene: debe conseguir que un Parlamento le apoye. Pero la experiencia nos ha permitido saber que es posible gobernar con estabilidad un parlamento, como aquí en Andalucía ha sucedido. Es un trabajo difícil, pero no imposible. Había la impresión de que el gobierno de Rajoy era un gobierno muy sólido y consolidado y, sin embargo, tras una moción de censura, el Grupo Socialista consiguió construir un nuevo gobierno. De tal manera que parece que los grupos que le han apoyado en la moción van a concederle un margen suficiente para que pueda ejercitar sus políticas. Eso es lo que parece razonable. El Congreso de los Diputados tiene una mesa controlada por PP y Ciudadanos y el PP tiene una mayoría absoluta en el Senado. Son realidades que hay que afrontar. El presidente Sánchez ha montado un gobierno para dos años y por lo que observo tiene la voluntad de seguir. Tengo la perspectiva de que si que llegará al año 2020.
P: Junto con Vicent Soler, el consejero de Hacienda de la Comunidad Valencia, pide una reestructuración del sistema de financiación autonómica con un aumento de 16000 millones de euros y se muestra abierto a una condonación o reestructuración de la deuda de las autonomías infrafinanciadas. ¿En qué afectaría a Andalucía?
R: Estamos pidiendo una reestructuración del sistema de financiación para reconocer en él que existe una deficiencia de recursos en las competencias que tienen las comunidades autónomas que desempeñar. No se ha estimado por el Gobierno de Andalucía, sino por el conjunto de expertos del gobierno de España, que cifró ese déficit en 16000 millones de euros al año. Estamos pidiendo que se atiendan todos los problemas de las Comunidades Autónomas, cada cuál el suyo, para que podamos partir todas en unas condiciones razonablemente sostenibles en el sistema de financiación.
P: El Pacto de Toledo ha acordado ligar la financiación de las pensiones al IPC “real”, pero se están buscando otros factores para complementarlo. ¿Cuáles podrían ser?
R: El IPC real es un indicador que no está definido. No se sabe qué es. Creo que se está hablando de impedir que las pensiones pierdan poder adquisitivo. El IPC no es lo único que determina el poder adquisitivo. Hay otras cuestiones. Tiene que comprobarse que realmente las personas tengan una situación sostenible. El IPC tiene también sus trucos, sus peros. Puede darse el caso que un año la subida de precios sea muy baja, incluso negativa. Entonces, ¿Eso qué va a significar? ¿Qué van a bajar las pensiones? Normalmente si esto sucede, sucede en medio de una crisis económica enorme, y si esto es así ¿Usted en medio de una crisis va a bajar las pensiones? Obviamente tiene que aclararse desde el Pacto de Toledo a que se refieren con IPC real. Valoro muy positivamente que se haya llegado a un acuerdo en el Pacto de Toledo. Eso es fundamental. En España, las pensiones públicas no son una opción porque los ciudadanos las quieren y hay que conseguir que sean sostenibles.
P: Parece ser que, aunque se consiga ahora un pacto para financiar las pensiones, tendremos que ponernos a trabajar ya en la creación de un nuevo modelo de financiación. El propio secretario de Estado para la Seguridad Social comentó que el modelo estaba agotado en 10 años.
R: Todos los sistemas de pensiones, con independencia de las cuestiones técnicas que se puedan mejorar, se sustentan en el crecimiento económico. Si un país tiene un crecimiento económico débil significa que le va a costar mucho trabajo pagar las pensiones de las personas que lleguen en ese momento a ser mayores, por lo tanto, además de llegar a un pacto, nuestro país debería concentrar sus esfuerzos en crecer. Cuando se montó el Pacto de Toledo era el fin del mundo e iban a desaparecer las pensiones mañana. Es un sistema basado en el consenso. Es un valor enorme ya que garantiza a todos los actores que no importa el gobierno que tengamos.
P: ¿Cómo se ha conseguido que Andalucía se convierta en la primera comunidad autónoma en exportaciones?
R: Se basa en la actuación de los principales actores de esta cuestión. No son los gobiernos los que exportan, exportan las empresas y prestan servicios al exterior los profesionales, los trabajadores de las empresas son capaces de estar trabajando con calidad y capacidad competitiva. Es algo que hemos conseguido todos los andaluces: tener un territorio que es capaz de afrontar los retos y asumir liderazgos. Nuestra estructura económica siempre ha estado orientada a atender la demanda del resto de España. Llegó una crisis económica caracterizada por la brutal caída de la demanda interior de España y Andalucía reorientó su lugar natural de ventas al mundo. Ha pasado de hacer exportaciones por unos 8000 millones de euros a más de 31000 millones. Eso solo se logra con formación de las personas y con una infraestructura adecuada para ese reto. La formación de las personas, su certidumbre y su seguridad, Sistema de Salud, Sistema de Protección Social son el caldo de cultivo para la competitividad que muestran las empresas. Esa sí es misión de un gobierno como el nuestro.
P: Una de las grandes polémicas del gobierno de Pedro Sánchez ha sido la crisis de Navantia. ¿Cree que un gobierno que se declara pacifista debería replantearse este tipo de contratos?
R: Hay que ser coherente. La única consideración que hay que hacerle al gobierno es que esto no era una venta era una transferencia de recursos entre gobiernos. En ese contexto hay que entenderlas. Vivimos en un mundo en el que la realidad está gobernada por conflictos. La industria militar es una industria que se encarga también de mantener nuestros intereses. Vivimos en un de los estrechos más complejos del mundo, el Estrecho de Gibraltar. Hoy en día es todo mucho más complejo: debemos evitar las mafias, combatir la piratería. Esto es fruto de acuerdos internacionales, relaciones internacionales, de sostenimiento de alianzas. Hay que ser muy serio. Si decidimos no fabricar corbetas, tenemos que saber que se quedan 6000 personas sin empleo. Esta es la realidad. Si lo asume el país y en lugar de fabricar corbetas fabricamos lanchas, nos parece muy bien. Pero al Gobierno de Andalucía lo que le preocupa directamente es el empleo de estas personas.
