España, donde la mitad de los asalariados asegura trabajar más de 40 horas semanales, presenta una nueva ley de control horario obliga a los empresarios a presentar las jornadas laborales ante Inspección de Trabajo.
Es muy fácil regular lo regulado. Sobre-regular, reproteger, modificar lo que ya está moldeado. Vigilar lo vigilable. Ese sería el resumen de la nueva reforma de ámbito laboral que está en marcha desde el pasado domingo. Que aunque podría ser eficiente y beneficiosa, deja fuera de su aplicación a un amplio espectro de la población.
A raíz de una denuncia a petición de CCOO, el Tribunal de Justicia Europeo ha ratificado la obligatoriedad del empresario al control horario. En su aplicación se ofertará flexibilidad inicial, aunque a partir de este domingo estará vigente. Según la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, las inspecciones de trabajo vigilarán con mesura el cumplimiento de la nueva ley de control horario. Una ley que ya estaba siendo aplicada en la Unión Europea, pero que como todo lo captado ad-hoc, tiene sus limitaciones y desadaptaciones. CCOO asegura, que dado que los plazos y la estructura jurídica de la querella interpuesta, hace que dicha ley quede inmanente independientemente del gobierno existente.
Se exige a los centros de trabajo, que a partir de ahora lleven un control exhaustivo de las horas de trabajo, a fin de remunerar las horas extras (y los derechos consecutivos a esta gradación). El Ministerio de Trabajo asegura que esta medida conllevará a la creación de empleo, pues las horas extra trabajadas en España son superiores a la media europea. Las horas extra exigen una remuneración bastante superior, así como diferentes derechos al trabajador. Por ello, se piensa desde el Ministerio que las empresas tenderán a contratar nuevos trabajadores, en lugar de seguir pagando horas extra.
No obstante, es legislar sobre legislado. En ambientes de trabajo, donde se lleva a cabo inspecciones de trabajo profundas, suele existir la figura del enlace sindical que vela por el cumplimiento de los convenios colectivos. Así como también existen otros derechos asociados a la vinculación laboral a un contrato. Pero, ¿Es la realidad del entramado económico español al completo?
La cifra de más de dos millones de pequeñas pymes (empresas con menos de 10 trabajadores) en España no cumple la normativa de forma generalizada. Los datos los tenemos ahí: más de un millón de españoles, según el informe de la Fundación de Estudios Financieros ‘La economía sumergida en España‘, trabajan en nuestro país de manera irregular, sin derechos laborales ni protección. Es decir, el volumen del PIB de España relativo a la economía sumergida supone un 8%. Desorbitado y tercermundista.
Dos factores alientan este dato: en primer lugar, un sistema de prestaciones sociales y becas insuficiente para hacer frente a las necesidades de la población. Las prestaciones al desempleo, solo disponibles temporalmente y en función al salario percibido con anterioridad, supone empujar al trabajador a la desesperada por la búsqueda de un empleo. Un empleo que se encuentra precarizado, y que para los sectores más vulnerables de la población, llega a ser irregular en tiempo y en forma. Aceptando condiciones por debajo de las marcadas por el régimen laboral español, incumpliendo las bases sociales bajo las que se asienta nuestra constitución.
De aquí pasamos a la segunda cuestión, y muchísimo más vital que la primera. La precarización del empleo disponible que hemos alcanzado debido a la insuficiencia de empleo existente. La descompensación entre demandantes de empleo y oferta laboral ha conducido a este país a empeorar inexorablemente la calidad de los derechos laborales anteriores a la crisis.
En virtud de los datos arrojados, pienso que el control horario sólo afectará y será llevado a cabo por aquellas empresas que ya cumplían la ley con anterioridad, y que sin embargo no tendrá aplicación fáctica a ese millón de personas que trabajan en nuestro suelo patrio sin protección ninguna.
La solución no es poner en riesgo el puesto laboral de los trabajadores ya contratados sino la creación de empleo digno, que arroje alternativas reales para salir de la situación de irregularidad. Sólo la creación de empleo es el camino, y si bien esta medida pudiera ser servir para soliviantar nuestro sistema industrial en descomposición, no atajará de raíz los problemas que arrastramos desde la crisis del ladrillo.
