Micaela Navarro, Manuel Jiménez Barrios y Javier Aragón denuncian la “barbaridad jurídica sin precedentes” que supone un cambio normativo impuesto por el Gobierno de PP y Cs que “destruye controles, merma a las instituciones, no vela por el interés público” y que degrada la función parlamentaria.
La presidenta del PSOE de Andalucía, Micaela Navarro, y el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Manuel Jiménez Barrios, junto al portavoz adjunto socialista en el Senado, Javier Aragón, han presentado el recurso de inconstitucionalidad del partido contra el Decreto Ley 2/2020 de 9 de marzo “mal llamado de simplificación administrativa” impulsado por Moreno Bonilla y su Gobierno, porque representa un grave “atropello democrático” y sólo aporta inseguridad jurídica e incertidumbre económica y social en momentos especialmente delicados para la comunidad por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.
En un acto en la sede regional del partido junto a senadoras y senadores socialistas andaluces, Jiménez Barrios ha detallado que este recurso, que cuenta con el dictamen jurídico de la catedrática experta en Derecho Constitucional Ana Carmona, alerta de la “degradación clara de la función parlamentaria” y “el abuso jurídico importante” en el decreto de Moreno Bonilla sobre trámites burocráticos, que representa, según ha resaltado, una “contrarreforma legislativa” al eliminar casi una treintena de normativas autonómicas con el debate de “diez minutos de la oposición”, “sin participación de nadie” y sin urgencia justificada.
El portavoz ha insistido en que el decreto de Moreno Bonilla “deja a Andalucía en situación de inseguridad jurídica” para empresas, emprendedores y autónomos que, ante la crisis vírica en fase de superación y la económica y social que se avecina, necesitarían más bien certeza jurídica. Ha alertado ante “modificaciones urbanísticas, ambientales o sobre el patrimonio que parecen fruto de un ordenamiento pasado” y ha dejado claro que la “revolución verde de la que hace gala el presidente, que acaba de recibir el premio Atila de Ecologistas en Acción, con este decreto ley se evidencia como un fraude normativo, parlamentario, jurídico y político”.
Para el PSOE de Andalucía, el decreto ley recurrido “demuestra la debilidad política” de Moreno Bonilla, que se comprueba también en que “ha tenido que entregar a la extrema derecha” la presidencia de la comisión parlamentaria de reconstrucción económica y social andaluza pese a que Vox votó en contra de su creación y la denigró, según ha remarcado Jiménez Barrios. “La derecha tiene trazada una penetración ideológica que el PSOE va a combatir también con el recurso ante Tribunal Constitucional, ante una forma de gobernar que no podemos compartir y en aras de la lealtad con nuestra tierra y nuestro compromiso con los andaluces ante este atropello normativo”, ha concluido Jiménez Barrios.
Igualmente, Micaela Navarro ha defendido el recurso promovido por el PSOE de Andalucía ante el Tribunal Constitucional a través de la firma de 50 representantes en la Cámara Alta con el objetivo de “poner freno a la barbaridad jurídica sin precedentes en nuestra autonomía” que supone un decreto ley que el Gobierno de PP y Cs aprueba “de rondón”, aprovechando la pandemia para imponer su “atajo administrativo de dudosa validez” y que suscita el rechazo de multitud de entidades, que ya ha interpuesto quejas ante instituciones como el Defensor del Pueblo Andaluz.
Además, Javier Aragón ha reivindicado que “los derechos de Andalucía también se pueden defender desde Madrid” y la implicación de senadoras y senadores en el recurso de anticonstitucional contra una normativa que el Gobierno de Moreno Bonilla está obligado a negociar “con los grupos políticos sin exclusiones” y admitiendo que la sociedad andaluza pueda participar. Ha explicado que el polémico decreto andaluz responde a la estrategia de las derechas en todas las comunidades donde gobiernan “con distintas variantes”, pero siempre intentando imponer políticas que aprovechan la crisis del coronavirus para desregular aunque sea restando seguridad jurídica para “llevarnos de nuevo a la cultura del pelotazo, el dinero fácil y la crispación que gusta al PP”. Ante esta situación, ha concluido reafirmando que las y los senadores andaluces “queremos a nuestra tierra y queremos defenderla desde el diálogo, la libertad y la solidaridad”.
Preguntado por la polémica entre CCAA por el reparto del fondo de 16.000 millones de euros que ha dispuesto el Gobierno por el COVID-19, ha asegurado que «el Gobierno de Andalucía debe empezar a dar ejemplo diciendo a los andaluces cuál ha sido el gasto de su factura sanitaria», tras «el endeudamiento» del Gobierno central para dar este apoyo a las CCAA.
