El informe que pretende recuperar los restos de los desaparecidos y fusilados durante el régimen franquista ha sido coordinado por Francisco Etxebarria y estima un plazo de cuatro a cinco años.
El equipo de expertos de la Memoria Histórica ha presentado al Gobierno un Plan urgente de exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil y dictadura franquista, con el objetivo de recuperar las 25.000 víctimas fusiladas durante este periodo. En cambio, según datos históricos, 130.000 personas fueron asesinadas por la violencia franquista, y enterrados en fosas comunes y cunetas.
Dicho informe recibe el título de “Estado actual de las exhumaciones de las fosas comunes de la Guerra Civil y dictadura franquista. Recomendaciones para el futuro”. Francisco Etxebarría, profesor de la Universidad del País Vasco y forense, ha coordinado este estudio para el Ministerio de Justicia, con la ayuda de doce investigadores.
En él, se destaca la falta de respaldo de las instituciones a las asociaciones de la Memoria Histórica, dado que desde el 2.000 solo se han recuperado 9.000 esqueletos de 740 fosas comunes.
Este estudio señala la necesidad de la intervención oficial del Estado, a través de un Consejo General de la Memoria Histórica formado por siete equipos forenses con hasta cincuenta profesionales. El plazo que establece el informe para acabar con esta problemática sería de cuatro a cinco años.
El documento calcula que “podrían recuperarse de 20.000 a 25.000 víctimas de las fosas que quedan todavía por exhumar y de ellas sería posible identificar entre 5.000 y 7.000 personas”.
Fernando Serrulla, presidente de la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense, ha declarado que “este cálculo tiene un margen de error bastante amplio porque cada vez quedan menos familiares, así que es muy posible que ese número sea incluso menor”.
Además, asegura que las expectativas son bajas y que “las víctimas están absolutamente abandonadas y es sorprendente que desde la democracia ningún gobierno haya sido capaz de poner remedio a esta situación y es increíble que España siga siendo el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya”.
Por último, el informe concluye con la necesidad de creación de una oficina de atención a las víctimas y una plataforma web en la que tanto profesionales como familias participen. Además, los expertos destacan que la búsqueda de los restos debe ser considerada una obligación del Estado y plantean la creación de un archivo unificado de fuentes orales.
También insisten en que el Estado tiene que seguir las indicaciones de los organismos internacionales para asegurar el derecho de justicia de los afectados dado que según Serrulla, “en estos 19 años se han hecho cosas muy puntuales y no se han seguido las indicaciones de la ONU”.
