Las CCAA podrán disponer de los servicios y establecimientos privados sanitarios de su territorio. Además, el Estado moderará el precio de los test para la detección del COVID-19 con el objetivo de evitar a situaciones abusivas.
El coronavirus sigue siendo la prioridad del Gobierno y por ello ha decidido tomar cartas en el asunto. Sanidad ha decidido que sean las comunidades autónomas las que tengan el control de los centros de cualquier titularidad. Algo que se detalla en la Orden SND/344/2020 publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado.
Una medida con la que el Estado establece que los centros privados deberán notificar los casos confirmados de coronavirus y la compra de test rápidos diagnósticos. Se tendrá que especificar a la autoridad competente del territorio en el que se sitúe el tipo de material, el número de unidades adquiridas y su destino.
🚨 El número de fallecidos por #coronavirus en España en las últimas 24 horas ha sido de 567, lo que supone 50 fallecidos más que el día anterior. Por su parte, disminuye el número de nuevos casos, 3.045 ayer. Las altas superan ya las 67.504.#COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/Ocks7RqJGl
— TimeJust (@TimeJustOficial) April 14, 2020
Además, la orden no permitirá a aquellos que lo deseen a pagar para someterse a un test. Solo podrán hacerlo quienes cuenten con la aprobación de un sanitario, presenten los síntomas y hayan estado en contacto con personas en riesgo o contagiadas. Junto a ello, los Gobiernos autonómicos pueden adoptar las medidas necesarias para regular los precios de dichas pruebas «con el objetivo de evitar situaciones abusivas».
Tal y como evidencian los datos del Ministerio de Sanidad, España realiza entre 15.000 y 20.000 test diarios, aunque la cifra debería ser mayor. La burocracia impide que se acelere el proceso y por ello el Ejecutivo asegura que está en proceso de validar laboratorios para ello.
El Gobierno también ha anunciado que va a realizar un estudio de seroprevalencia para someter a análisis a 30.000 hogares, lo que equivaldría a unas 62.000 personas, y cuyo objetivo es usarlo como muestra para saber qué porcentaje de la población ha pasado ya el virus.
