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El Gobierno establece el último trámite para la exhumación de Franco

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El Gobierno aprueba un acuerdo para realizar el proceso de exhumación de Franco del Valle de los Caídos. En él, se ha establecido un plazo de 15 días hábiles para que la familia designe un nuevo lugar, diferente al de la Catedral de la Almudena

Esta medida ha sido anunciada por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el mismo día que Pedro Sánchez establecía la fecha de las elecciones generales. Delgado  ha explicado que este proceso se inició en el Consejo de Ministros del 24 de agosto, fecha en la que se realizó una modificación de la Ley de Memoria Histórica del año 2007, introduciendo un artículo que modificaba el artículo 16.3 y en el que se establecía que no pudiese estar enterrado alguien que no hubiese sido víctima de la guerra civil.

Tras la aprobación de esta ley, el Gobierno inició los procedimientos administrativo para la exhumación de los restos del dictador. Un proceso que la ministra ha catalogado de “complicado”, ya que han tenido que solicitar las licencias pertinentes y atender a las demandas de los interesados, destacando en este punto, que han sido hasta 14 recusaciones contra la instructora del expediente.

“Como ministra de Justicia he tenido el honor de llevar al Consejo de Ministros el acuerdo para su aprobación. Hemos culminado un procedimiento administrativo con todas las garantías para exhumar a Franco, y así se ha acordado.”, ha destacado la ministra.

Asimismo, ha señalado el establecimiento de un plazo de 15 días hábiles para que la familia comunique el lugar donde desea enterrar los restos óseos del dictador, a excepción de la Catedral de la Almudena. En este aspecto, el Gobierno alega que no es el lugar ideal debido a razones de orden público y porque supondría el incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica al convertir un espacio público en un lugar de dignificación del dictador.

También ha establecido que en caso de no haber acuerdo entre los familiares o que no se pronunciasen acerca del lugar, sería competencia del Gobierno elegir el emplazamiento de sus restos.

Por último, ha finalizado su intervención destacando que se trata de: “Una responsabilidad histórica de este Ejecutivo y en definitiva nos marcará a todos como españoles en un momento de reconciliación con nosotros mismos».

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