El Gobierno también ha acordado la creación de impuestos sobre las transacciones financieras y sobre determinados servicios digitales, con el objetivo de adaptar el sistema fiscal a las nuevas áreas de negocio digital, sin subir a los impuestos a las clases medias, a los trabajadores, a los autónomos y a las pymes.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes de los proyectos de ley que contemplan la creación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (Tasa Tobin) y del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (Tasa Google).
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido la necesidad de que España avance hacia un sistema fiscal «más justo y redistributivo», en la línea iniciada por los países de nuestro entorno y avalado por las autoridades comunitarias. En este sentido, ha subrayado que «España, como país moderno y avanzado, no puede permitirse tener un sistema tributario anclado en el siglo pasado».
Montero ha incidido en que la evolución tecnológica ofrece nuevas oportunidades de negocio, que requieren que la fiscalidad se adecúe para evitar la competencia desleal entre los negocios tradicionales y los digitales. El Gobierno, ha afirmado, hará esta transformación al sistema digital «teniendo claro que no va a subir los impuestos ni a las clases medias, ni a los trabajadores, ni a los autónomos ni a las pymes«.
El Ejecutivo defiende que «sin justicia fiscal no puede haber justicia social», por lo que, a juicio de la portavoz, hay que mantener un sistema tributario en el que «los que tienen más, aporten más».
Impuesto sobre transacciones financieras
Montero ha manifestado que este impuesto refuerza el principio de equidad del sistema tributario y grava operaciones que en la actualidad no pagan impuestos. Además, ha precisado, afecta al sector financiero, que durante la crisis recibió una inyección económica por parte de las Administraciones Públicas: «Es de justicia social que ahora contribuya de forma más enérgica al mantenimiento de los servicios públicos».
Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas cotizadas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros, por lo que no va a afectar al campo de acción de las pymes.
El impuesto, ha concretado Montero, recaerá sobre el intermediario financiero que ejecute la orden de adquisición. El Gobierno estima que recaudará unos 850 millones de euros anuales.
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales
El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales tiene como objetivo gravar operaciones propias de la economía digital que, en la actualidad, están fuera del sistema tributario.
Montero ha reiterado que el Ejecutivo apuesta por lograr un consenso internacional sobre esta figura -en el marco de la OCDE y del G-20- y trabaja para que, una vez alcanzado, España adapte su legislación. A su vez, ha resaltado que países como Francia, Italia o el Reino Unido, han aprobado o presentado gravámenes a algunos servicios digitales.
La finalidad del impuesto es gravar con un 3% servicios en los que existe una contribución esencial de los usuarios en el proceso de creación de valor de la empresa que presta los servicios. Se aplica a tres conceptos: prestación de servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea, y venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.
Esta figura impositiva afectará a las empresas que tienen un negocio superior a 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España, con independencia del origen de la compañía.
La ministra ha añadido que la liquidación de este impuesto, que permitirá recaudar unos 968 millones de euros. Durante el primer año la declaración de ingresos no se realizará hasta, al menos, el 20 de diciembre del año 2020. Esta decisión, ha aclarado, da un mayor margen para que se pueda alcanzar un acuerdo internacional sobre el tributo y facilita que las empresas se puedan adaptar a él.
Transformación digital del sistema financiero
El Consejo de Ministros ha acordado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley para la creación de un «sandbox«, o espacio controlado de pruebas, con el propósito de acompañar la transformación digital del sistema financiero con su pleno acomodo en el marco legal y supervisor.
María Jesús Montero ha informado de que «la iniciativa asegura que los cambios tecnológicos no afectan a la protección del consumidor de estos servicios, a la estabilidad del propio entorno financiero y a la integridad de los mercados».
